Exigen jueces ley en Capital para detener a delincuentes

Aníbal Ibarra

Jueces de Cámara de la Capital Federal emitieron un fallo en el que piden a los legisladores porteños que emitan una norma para poder juzgar los casos de portación ilegal de armas civiles.

Recientemente, un detenido en esas circunstancias, con antecedentes de reincidencia y cinco procesos, debió ser liberado con el argumento de que la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con un Código Procesal penal que les permita a los magistrados actuar.

A ese caso se le agregó otro hace diez días, de un delincuente conocido como «Gastoncito», quien tiene varios ingresos a institutos penales desde que era menor de edad. Fue apresado portando un arma y se encuentra procesado y en rebeldía en la Justicia de San Isidro -fue excarcelado y luego desapareció-. Por ese antecedente, aunque los jueces contravencionales porteños lo hubieran liberado, debía ser trasladado a la provincia.

Sin embargo, a diferencia del otro caso, «Mansilla», la Cámara decidió no dar curso al pedido de nulidad de la defensora oficial, quien, entre otros argumentos, daba como razones que las leyes de la Ciudad se contradicen con el Código Penal de la Nación, que es el que intentan aplicar los magistrados de la Capital ante la inexistencia de otro local.

Una de las cuestiones que se contraponen es que en la ciudad la investigación la llevan los fiscales y en la Nación los jueces.

La Cámara termina negando esos argumentos para evitar liberar al detenido, pero aclara que «la ausencia de disposiciones concretas lleva no sólo a distintas interpretaciones, sino también a que los diversos actores del proceso echen mano de aquellas que resulten más compatibles con sus pretensiones».

Luego los jueces confirman el procesamiento del detenido y en el sexto punto de la resolución exponen «recomendar el urgente tratamiento legislativo de una normativa procesal penal para la Ciudad de Buenos Aires en mérito a las consideraciones vertidas en el presente».

El debate en el recinto porteño se encuentra retrasado por diferencias entre el oficialismo y la oposición. Los seguidores de Aníbal Ibarra se resisten a modificar el Código Contravencional porteño como piden sus opositores, pero el tema del la ley de procedimientos es otra cuestión, que ha quedado enredada en el manejo político de la propia ley contravencional. Recién para el 25 de marzo próximo se debatirá la ley de procedimiento, que sólo hará referencia a que se utilice en la Capital el Código Procesal Penal federal, pero con las modificacionesmás imprescindibles para no contradecirla mecánica actual de intervención de los fiscales en la investigación.

Para el peronista Helio Rebot, integrante de la Comisión de Justicia, el fallo «formalmente viola la división de poderes, pero tiene absoluta razón en el fondo del planteo. Nos dice al Poder Legislativo que, a partir de ahora, lo que pase en adelante es nuestra responsabilidad».