Suprema Corte falla a favor del SAT y le permite revisar los inventarios de las empresas: en qué casos aplica

El máximo tribunal emitió una resolución este miércoles sobre un caso de 2012, pero que marca un precedente para situaciones similares.

Fallo de la Suprema Corte a favor del SAT.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso clave para la fiscalización empresarial en México, al confirmar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí puede revisar directamente los inventarios y obligaciones fiscales de las empresas controladas, incluso cuando forman parte de un grupo que tributa bajo el régimen de consolidación fiscal. La decisión deriva de un asunto relacionado con un crédito fiscal del ejercicio 2012.

El caso inició cuando una sociedad mercantil —clasificada como empresa controlada dentro de un grupo— impugnó la determinación de un crédito fiscal por declarar una pérdida superior a la realmente sufrida. La autoridad detectó que la compañía omitió ingresos acumulables provenientes de inventarios, lo que derivó en la imposición del adeudo. La empresa alegó que, por formar parte de un grupo consolidado, el SAT no podía iniciar facultades de comprobación de manera directa en su contra.

Sin embargo, el Pleno de la Corte analizó este miércoles la legislación vigente en 2012, particularmente diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación. Tras el estudio, concluyó que ninguna norma constitucional o legal impide a la autoridad ejercer facultades de revisión sobre las empresas controladas, aun cuando tributen conjuntamente con compañías vinculadas bajo la figura de consolidación fiscal.

Suprema Corte: que implica esta resolución a favor del SAT

El fallo revocó la sentencia previa y ordenó al tribunal de origen emitir una nueva resolución conforme al criterio de la SCJN. Con ello, el Máximo Tribunal reafirmó que el régimen de consolidación fiscal no libera a las empresas controladas de cumplir individualmente con sus obligaciones, ni las exime de ser sujetas a auditorías o actos de fiscalización por parte del SAT.

De acuerdo con el criterio establecido, la autoridad fiscal puede intervenir cuando detecte inconsistencias en la declaración de pérdidas, ingresos omitidos o irregularidades relacionadas con inventarios. La resolución marca un precedente para las compañías que operan bajo estructuras corporativas consolidadas, al precisar que cada entidad es responsable de su propio cumplimiento ante el fisco.