El ministerio de Salud de Brasil autorizó a los médicos de la red pública a realizar abortos en mujeres que aleguen haber quedado embarazadas tras una violación, sin necesidad de que presenten una denuncia policial u otro documento que compruebe la violencia sexual.
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De acuerdo al ministerio de Salud, el texto normativo comenzará a ser distribuido en el curso de este semestre a los servicios del aborto legal en Brasil, mientras la medida ya comenzó a generar polémicas en sectores religiosos que acusan al gobierno de incentivar la práctica del aborto.
"No tengo dudas de que cualquier mujer que quiera podrá practicar el aborto con esta nueva medida. La denuncia policial nos garantizaba que la mujer había sido víctima de violencia sexual y que estaba embarazada como consecuencia de ese episodio", opinó hoy el obispo de Jundiaí, estado de San Pablo, Amaury Castanho.
El ministro de Salud, Humberto Costa, negó el martes el estímulo al aborto y sugirió que "hay quienes confunden la normativa sobre el aborto legal con la que pretende humanizar la atención de mujeres que ya están en proceso de aborto y que entran en los hospitales públicos", sostuvo.
El aborto está permitido en Brasil en los casos de violación y de riesgo de vida para la madre, y según el artículo 128 del Código Penal brasileño, no es necesario exigir documentos ante ese tipo de casos, y la mujer no tiene la obligación legal de denunciar el hecho ante la policía.
Pero otra norma técnica del ministerio de 1998, durante la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), colocó la denuncia policial como documento "obligatorio" para la práctica del aborto legal, lo que aún es respetado por las unidades sanitarias que prestan ese servicio.
Asimismo, el actual código de Etica Médica confiere al especialista el derecho a "negarse" a practicar la interrupción del embarazo alegando "razones de conciencia".
Según la nueva norma, los médicos no deben temer posibles consecuencias jurídicas en caso de que, posteriormente, se descubra que el embarazo no fue resultado de un estupro, citando legislación vigente en ese sentido, también del Código Penal.
De acuerdo al ministro Costa, el gobierno "no está promoviendo o estimulando el aborto sino garantizando la vida de miles de mujeres, al calificar la atención de aquellas personas que llegan a los centros de salud públicos ya en proceso de aborto espontáneo o inseguro".
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