Comenzó en España la regularización de miles de inmigrantes

La Administración española inició hoy, lunes, un nuevo proceso de regularización de inmigrantes que podría afectar a casi un millón de trabajadores ilegales, la mayoría iberoamericanos, para quienes se abre una "puerta a la esperanza" en este país.

Se trata del mayor proceso de legalización de extranjeros irregulares llevado a cabo en España hasta la fecha y presenta como principal novedad que deberán ser los empresarios, y no los inmigrantes, los que tienen que iniciar los trámites para regularizar a sus empleados.

Para prevenir la avalancha de solicitudes que se espera y evitar el colapso administrativo, el Gobierno español abrirá desde las 16.00 horas de hoy en horario especial un total de 160 oficinas en todo el país, dedicadas exclusivamente a realizar estos trámites.

"Esta es la última oportunidad para los empresarios españoles que contratan a 'sin papeles'", aseguró hoy a un diario español la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, quien ha impulsado en nombre del Gobierno socialista este proceso de regulación.

Según Rumí, con él se da respuesta a un problema heredado del anterior gobierno del conservador Partido Popular (PP) y permitirá sacar de la clandestinidad a miles de trabajadores que, al ser ilegales, no contribuyen con sus impuestos y cotizaciones al Estado.

El nuevo ordenamiento que permitirá durante los próximos tres meses la regularización de inmigrantes es fruto de un consenso alcanzado en octubre pasado por el Gobierno, la patronal y los sindicatos para modificar el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Este Reglamento -que desarrolla los pormenores legales y la manera en que debe ser ejecutada la Ley de Extranjería vigente desde diciembre de 2003- establece las condiciones y requisitos para residir y trabajar legalmente en España, concretamente, un contrato de trabajo y empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004.

Según la normativa, los extranjeros "sin papeles" podrán regularizar su situación si un empresario les contrata por un periodo mínimo de seis meses, demuestran una estancia en España de al menos medio año y carecen de antecedentes penales.

El Reglamento prevé además multas de hasta 70.000 dólares para los empresarios españoles por cada trabajador que mantengan sin regularizar.

Por nacionalidades, aunque los marroquíes serán probablemente los que mayor número de solicitudes presenten, la comunidad iberoamericana residente en España será las más beneficiada de forma global, ya que se calcula que son decenas de miles los ecuatorianos, colombianos y peruanos que podrán acogerse a la regulación.

Según datos oficiales difundidos por varios medios locales, más de 200.000 ecuatorianos residen ya legalmente en España, mientras el número de colombianos supera los 120.000 y el de peruanos alcanza los 65.000.

Mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado satisfecho con el inicio de esta regulación y ha destacado que fue lograda mediante el consenso con los diferentes actores sociales, el Partido Popular (PP) ha criticado algunos aspectos de la medida.

Para el primer partido opositor, la regulación ha provocado el denominado "efecto llamada", al convertir España en un destino apetecido por inmigrantes de todo el mundo, especialmente de Latinoamérica y los países del Magreb.

Así, miles de ilegales tratan por todos los medios de entrar estos días en el país para conseguir su legalización.

Al mismo tiempo, el PP considera que el Gobierno no ha habilitado los medios administrativos suficientes para atender la demanda que generará esta medida.

La portavoz de inmigración del PP en el Congreso, Angeles Muñoz, dudó hoy del éxito del proceso de regularización y se mostró convencida de que los nuevos inmigrantes con papeles desplazarán a los trabajadores actuales "por las reglas de la oferta y la demanda".

Muñoz alertó que en España no se pueden crear tantos nuevos empleos y advirtió de que empleadores y empresarios pueden regularizar a trabajadores inmigrantes "que les salgan mejor que otros empleados que ya tenga".

A su juicio, cuando termine el proceso, habrá más irregulares que personas con nueva documentación, situación a la que habrán contribuido todos los inmigrantes que han entrado en España de forma ilegal desde que el Gobierno anunció el pasado verano que se pondría en marcha esta regularización.