Santiago (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - El escándalo de corrupción que amenaza con empañar al gobierno de Michelle Bachelet se extendió ayer luego de que el asesor de secretario general del gobierno, Ricardo Lagos Weber, debiera presentar su renuncia. En tanto, una comisión del Congreso chileno detectó el uso de recursos del Estado en campañas electorales de varios candidatos, en su mayoría oficialistas.
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Hace un mes, la Contraloría General de la República detectó 77 proyectos de fomento inexistentes que recibieron aportes financieros por 750.000 dólares de la oficina gubernamental ChileDeportes.
El jefe del gabinete de Lagos Weber (hijo del ex presidente Ricardo Lagos), Harold Correa, presentó su «renuncia voluntaria» ayer, tras ser vinculado con el caso.
Andrés Farías, ex jefe de gabinete del director metropolitano de ChileDeportes, afirmó al diario «La Segunda» que el asesor del vocero de Bachelet conocía la existencia de asignaciones directas de dinero sospechosas de ser irregulares.
Sin embargo, Correa negó haber sabido de ilícitos en ChileDeportes y afirmó que prefirió renunciar para que los tribunales aclaren las sospechas y «la atención de este caso se centre en las instancias y personas que correspondan», sin afectar al gobierno de la Concertación.
Pero el caso no afecta sólo a oficialistas. Algunos de los recursos entregados irregularmente por ChileDeportes fueron destinados a Publicam, una «empresa de papel» que también entregó facturas por supuestos servicios publicitarios al senador Guido Girardi (Concertación), pero además al ex candidato presidencial Sebastián Piñera y a la ex candidata a senadora Lily Pérez, ambos de la oposición.
Girardi, del Partido por la Democracia (PPD) y los otros dos dirigentes, del Partido Renovación Nacional (RN), presentaron luego esas facturas al Servicio Electoral para obtener la devolución de sus gastos, como lo permite la legislación chilena.
Recursos desviados
Por otro lado, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados comprobó que «hubo desvío de recursos» que estaban destinados a financiar programas estatales de empleo en la región de Valparaíso, durante la última campaña política para las elecciones parlamentarias de diciembre pasado.
La comisión no reveló los nombres de candidatoscuyas campañas recibieron esos aportes y esperará hasta entregar un informe definitivo en una fecha que no fue precisada, indicaron fuentes del Congreso.
Lagos Weber consideró «grave», «irregular» y «condenable» lo ocurrido al comentar el informe preliminar de la comisión parlamentaria. «No tengo claro si hay responsabilidades penales o no, pero ciertamente es éticamente reprobable que recursos de todos los chilenos puedan haber sido desviados para otros fines», dijo el también vocero gubernamental en declaraciones a «Radio Cooperativa».
Nos resulta extraordinariamente doloroso, porque los planes de empleo se generan en nuestro país para llevarlos a las personas más necesitadas», admitió por su parte la presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear.
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