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Amorim, parlamentario del Partido Progresista (PP) entre 1995 y 2000, fue acusado de encabezar un grupo que se apoderó de forma ilegal de unos 18 millones de reales (casi seis millones de dólares).
El arresto fue realizado por la Policía Federal en la ciudad de Ariquemes, en el estado norteño de Rondonia, vecino a Bolivia, país donde Amorin tendría negocios con el presunto narcotraficante Yaio Rodríguez, según la Policía Federal.
Junto con Amorim fueron detenidas unas 20 personas, entre ellas empresarios y altos funcionarios municipales de Ariquemes, cuya alcaldesa, Daniela Amorim, es hija del ex senador.
Fuentes policiales informaron de que desde hace un año investigan al grupo, que al parecer operaba usando como fachada una serie de empresas "fantasmas".
Por medio de esas compañías el grupo se benefició de incentivos económicos oficiales previstos para impulsar el desarrollo económico en la región.
La detención de Amorim es una mácula más en su hoja de vida, colmada de escándalos por denuncias de narcotráfico, explotación ilegal de yacimientos minerales y decenas de otras demandas que aún tramitan en la Justicia.
El ex senador, dueño de constructoras, haciendas y frigoríficos en Rondonia, vio amenazado su mandato de senador tras ser electo para ese cargo en 1994.
Una comisión parlamentaria lo acusó de ser uno de los principales distribuidores de cocaína en Brasil.
Según acusaciones no probadas, pagaba la droga con estaño que una de sus empresas extraía de forma ilegal y que enviaba ilícitamente a Bolivia.
Otra investigación parlamentaria concluyó, en marzo de 1995, que las denuncias en su contra eran infundadas.
Mientras estaba en la política, Amorim presentó un polémico proyecto de ley que proponía restituir los derechos políticos a los condenados por el Congreso por responsabilidad administrativa, pero la propuesta fue rechazada en el Senado.
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