México DF (AFP) - El futuro electoral del político más popular de México, el alcalde capitalino, Andrés Manuel López Obrador, aparece cada vez más complicado debido a un supuesto desacato judicial en un complejo caso de expropiación que podría culminar con la pérdida de sus derechos constitucionales para candidatearse.
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El lunes, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del centroizquierdista López Obrador por desacatar una orden judicial sobre la suspensión de trabajos de obras públicas en un predio expropiado en 2000.
«La pelota está en la cancha del Poder Legislativo», dijo Carlos Javier Vega, subprocurador de delitos federales de la Procuraduría. El funcionario explicó que será la Cámara de Diputados la que determine si procede o no el desafuero del alcalde. En caso de que declare improcedente el caso, el procedimiento se suspendería «hasta que el servidor público concluya su función o renuncie a su cargo». Si López Obrador quiere ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2006 deberá renunciar a su cargo como funcionario público seis meses antes, en ese momento «estaría en condiciones como cualquier ciudadano de enfrentar esta acusación», añadió el subprocurador.
El alcalde señaló también que la decisión de la PGR supone «una persecución por parte del gobierno» de Vicente Fox, al que acusa de la divulgación de unos videos filmados por el empresario mexicano-argentino Carlos Ahumada en los que éste aparece sobornando a importantes dirigentes del gobierno capitalino.
López Obrador anunció ayer que, a fines de este año, efectuará una consulta popular sobre su continuidad en el cargo y si debe o no postularse como candidato a la presidencia de la República, en los comicios generales de 2006.
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