La Paz (Reuters, EFE, El Mundo) - El gobierno boliviano amenazó ayer con intervenir las dos administradoras privadas de fondos de pensiones del país, manejadas por grupos financieros de Suiza y España, si no transfieren a la estatal YPFB las acciones que poseen en tres empresas petroleras en un plazo de 72 horas.
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El vicepresidente Alvaro García Linera anunció que los fondos de pensiones Futuro de Bolivia, del grupo Zurich Financial Services, y Previsión Bolivia, del español BBVA, deben transferir las acciones sin costo, tal como lo estableció la nacionalización de hidrocarburos decretada a principios de mes, bajo apercibimiento de intervenir las firmas.
«Habrá intervención a los fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro», dijo el izquierdista García Linera al presentar un decreto complementario de la nacionalización que está llevando a cabo el gobierno de Evo Morales, quien ayer continuó de gira por Europa. Según la norma, las administradoras de fondos de pensiones deben transferir las acciones que controlan en las petroleras, cuyo control decidió tomar el gobierno: la operadora de ductos Transredes, manejada por la anglo-holandesa Shell, y las productoras de crudo y gas Chaco, de la estadounidense BP Amoco, y Andina, de Repsol YPF.
Con el traspaso, YPFB pasaráa controlar entre 34% y 48% de Transredes, Chaco y Andina. Morales subrayó que la decisión de exigir a BBVA y al grupo Zurich la entrega de las acciones que administran no supone una expropiación, sino únicamente un cambio de gestión. «No se afecta, no se quita a nadie, no se expropia a nadie», explicó el mandatario indigenista en una sesión en el Parlamento Europeo en la ciudad francesa de Estrasburgo. Morales incidió en que esos fondos se crearon tras las «mal llamadas normas de capitalización, que finalmente han sido de descapitalización». Esos fondos, dijo el presidente, «son del Estado boliviano, son del pueblo boliviano».
García Linera argumentó que el plazo de tres días fue fijado luego de que fracasara un diálogo con las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que la semana pasada denunciaron una supuesta ilegalidad de la expropiación. «Este gobierno dialoga, recoge sugerencias, pero se cansa también del diálogo insulso, de las bravuconadas», dijo García.
Las empresas afectadas fueron formadas a partir de una privatización del sector ejecutada en 1996, cuando las compañías extranjeras aportaron capitales que les dieron 50% de las acciones, más la administración. El saldo de las acciones quedó desde entonces en manos de las AFP y los trabajadores de las compañías. La expropiación parcial dispuesta por el decreto de nacionalización alcanza también a la empresa de refinerías de propiedad de la brasileña Petrobras y a la compañía logística CLHB, un consorcio conformado por OilTanking de Alemania y Graña Montero SA de Perú, en las que no participan las AFP.
Compensación
Aparte de las cinco expropiaciones parciales, que no afectan a las operaciones mayores de extracción de crudo y gas, el decreto de nacionalización ordenó que las empresas extranjeras entreguen toda su producción a YPFB, recibiendo a cambio entre 18% y 50% del valor del producto.
El BBVA sostuvo ayer que siempre se ha mostrado dispuesto a entregar al Estado boliviano las acciones que gestiona de las empresas petroleras y cancelar al mismo tiempo las obligaciones asumidas en materia de pensiones en Bolivia a través del Bonosol, un bono solidario para ancianos.
En tanto, Morales abordó desde Europa algunos de los planes futuros de nacionalizaciones. Sobre la reforma agraria, muy preocupante para los numerosos terratenientes brasileños, el mandatario dijo que «las tierras que prestan función social económica, las tierras trabajadas, se van a respetar».
En su paso por Francia, Morales evitó especialmente tener un encuentro con directivos de la petrolera Total, afectada por la estatización dispuesta el 1 de mayo.
En un discurso ante el Parlamento Europeo, Morales sostuvo que «hay que crear puestos de trabajo en Bolivia. Hemos tenido el saqueo de los recursos naturales, y nuestro deber ahora es industrializarnos también con socios extranjeros».
Asimismo, advirtió en conferencia de prensa que las concesiones mineras ociosas podrían también ser evaluadas. «Las concesiones mineras que están siendo explotadas, que están creando empleo, serán respetadas», dijo.
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