La secretaria de Estado de Inmigración del gobierno socialista, Consuelo Rumí, afirmó que en España "no habrá más regularizaciones" extraordinarias una vez que el sábado venidero concluya el que está en curso, en una entrevista publicada el martes por el diario El País.
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"Que nadie se llame a engaño, porque no habrá más regularizaciones", sostuvo Rumí, tras responder de forma tajante en que no volverá a abrirse un proceso de estas características, al que, según datos provisionales oficiales adhirieron más de medio millón de extranjeros que hasta ahora trabajaban en negro.
Esa "cifra cumple las expectativas del gobierno" de José Luis Rodríguez Zapatero, dijo Rumí, en referencia a la cantidad de inmigrantes que se acogerían al proceso abierto el 7 de febrero y que cerrará el 7 de mayo. "Cabe la posibilidad de que el gobierno amplíe el plazo en el último momento?".
"Ninguna. Este es un proceso muy serio, sin precedentes (...) El plazo ha sido suficiente y viene determinado por el propio reglamento de la ley de extranjería", respondió Rumí, en alusión al marco de aplicación de la citada ley que el gobierno redactó en acuerdo con empresarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y partidos políticos, excepto el opositor Partido Popular (PP, derecha).
Para la secretaria de Estado, el objetivo es que la totalidad de las solicitudes de permiso de residencia y trabajo presentadas en este proceso excepcional, tengan su respuesta correspondiente en julio próximo, como mucho. Del medio millón de solicitudes, las autoridades admitieron más del 95%. El sábado próximo, último día para la presentación de expedientes, las 160 oficinas de la seguridad social que han funcionado en este proceso, abrirán sus puertas de 09H00 a 21H00 locales (07H00 a 19H00 GMT).
"Qué pasa si a las nueve de la noche no han podido atender a todos?" "Seguirán abiertas hasta que todo el mundo haya sido atendido", respondió Rumí, una de las artífices de este proceso de regularización. De los 3,69 millones de extranjeros que viven en España, 1,7 millones están en situación irregular, según datos comparativos de dos institutos españoles de estadística.
Desde 1991, los gobiernos de España, socialistas o conservadores, abrieron seis procesos de regularización que beneficiaron a más de 580.000 inmigrantes, según cifras oficiales.
Una vez que cumplido este proceso excepcional, la regularización se hará "por arraigo", según la cual podrán obtener papeles, entre varias figuras contempladas, quienes prueben una permanencia de un mínimo de tres años en España y tengan un contrato de trabajo.
