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La situación aún no es alarmante, con la excepción de la regiones de Galicia y Asturias (noroeste), donde el paro se prolonga ya nueve días, lo que ha obligado al cierre de varias empresas.
Así lo aseguró el presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia gallega de Lugo, Eduardo Jiménez, quien advirtió de un "problema grave" y "generalizado" de desabastecimiento.
Uno de los sectores más perjudicados es el de la fabricación de automóviles, ya que los transportes de los vehículos están parados y no pueden salir de las factorías rumbo a los distribuidores.
La planta de Peugeot-Citroen en la ciudad de Vigo tiene más de 2.000 vehículos sin poder salir hacia su destino, lo que está afectando al proceso de fabricación diaria de vehículos.
En las fábricas de Mercedes en Vitoria y Renault en Valladolid, los problemas surgirán hoy si no termina el paro, y Nissan se quedará en Barcelona sin piezas de montaje en las próximas horas.
En el sector que más preocupa a la población, el de la alimentación, no hay por ahora problemas de abastecimiento, según fuentes del sector, que aseguraron que los supermercados y las grandes superficies tiene una actividad normal.
Las fuentes afirmaron que sólo hay desajustes en sus centros de Galicia y Asturias, donde el paro comenzó la pasada semana.
Los Mercados Centrales de Abastecimiento garantizan el suministro de productos hasta el jueves, ya que la mayoría de los almacenistas adelantaron el aprovisionamiento al pasado fin de semana, aunque la entrada de mercancías disminuyo notablemente esta madrugada.
Según fuentes de Mercamadrid, el mercado de abastos más grande de España, hoy entraron 364 vehículos de abastecimiento frente a los 1.000 aproximadamente que lo hacen diariamente.
En el mercado de abastos de Barcelona, Mercabarna, se prevé que el volumen se reduzca al 50 por ciento mañana y que empiece a notarse el desabastecimiento a partir del jueves.
Mientras, los representantes del sector y del Gobierno volvieron a sentarse en la mesa de negociación para solucionar a un problema que es consecuencia directa del alza del precio de los carburantes.
Las conversaciones están pendientes de llegar a un acuerdo sobre el llamado "céntimo sanitario", el recargo que los Gobiernos regionales pueden aplicar a los transportistas en concepto de Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos.
Este impuesto supone un sobrecoste para el sector de hasta 2,4 céntimos de euros (2,9 centavos de dólar) por litro de carburante, lo que representa un gasto adicional cada año de casi 700 millones de euros (unos 840 millones de dólares).
Las partes negociaron hasta última hora del lunes y sólo quedó pendiente este asunto, después de que se llegara a un acuerdo sobre otros temas pendientes, como las jubilaciones anticipadas, las enfermedades profesionales y las restricciones al tránsito.
El Ejecutivo propuso solicitar a los Gobiernos regionales que no apliquen el impuesto y, en el caso de que no accedan a la petición, se comprometió a compensar económicamente a los transportistas. Pero los representantes del sector lo consideraron "insuficiente", porque, según aseguraron, el Gobierno no puede garantizar que la medida se vaya a aplicar a partir de 2006.
En la reanudación de los contactos, los transportistas aseguraron que son "optimistas" para intentar "rematar" el proceso negociador iniciado hace tres meses, en palabras del presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Ovidio de la Roza.
De la Roza destacó que las diferencias con la Administración "son ya muy pequeñas" y subrayó que "el cauce de la negociación está agotado" a falta de solucionar los puntos de desencuentro.
A la reunión de hoy, se sumarán los cargadores, los principales clientes de los transportistas, que también reclaman mejoras para el sector y esperan lograr también un acuerdo con la administración.
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