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El principal problema surgido a los dos meses del inicio del proceso, en el que el gobierno ha recibido alrededor de 300.000 solicitudes, menos de las esperadas, es la necesidad del inmigrante de documentar su residencia en España antes del 8 de agosto de 2004.
El único documento probatorio que se acepta es el empadronamiento en los ayuntamientos pero, según las asociaciones de inmigrantes, muchos no lo hicieron por temor a ser expulsados por la policía, que tiene acceso al registro.
El empadronamiento seguirá siendo uno de los tres requisitos imprescindibles para solicitar la regularización, mientras los otros dos son un contrato laboral y el certificado que demuestra que no se tienen antecedentes penales.
Empero, según acordó hoy el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con los sindicatos y la patronal, los inmigrantes que no estuvieran empadronados desde antes del 8 de agosto de 2004 podrán hacerlo ahora a través del mecanismo conocido como "empadronamiento por omisión".
Para ello, según explicó el titular de Trabajo, Jesús Caldera, deberán aportar como prueba de su permanencia en España "documentos públicos fehacientes", que no especificó.
El Consejo de Empadronamiento, órgano dependiente del Instituto Nacional de Estadística, será el encargado de determinar los documentos que se podrán aportar, entre los que se barajan la tarjeta sanitaria o el sello de entrada al país que figura en el pasaporte.
El proceso de normalización vinculado al empleo termina el próximo 7 de mayo y su desarrollo en estos dos meses fue valorado "de manera muy positiva" por gobierno, sindicatos y patronal, que reiteraron sus objetivos.
Se trata de "garantizar la contratación y los derechos de los trabajadores, emerger empleo irregular, reducir la economía sumergida y la competencia desleal y permitir el acceso a la documentación de personas que cuentan con un cierto arraigo en España, demostrado por la presencia, el empadronamiento y el empleo", afirma un comunicado conjunto.
Al inicio del proceso, el gobierno estimó en unos 800.000 los inmigrantes ilegales en España.
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