España "no contempla regularización extraordinaria" de inmigrantes

El gobierno español "no contempla" recurrir a un procedimiento de regularización extraordinaria para resolver la situación de los inmigrantes irregulares, afirmó el jueves la secretaria de Estado de Inmigración del nuevo gobierno español, la socialista Consuelo Rumí.

La regularización extraordinaria "debe ser siempre el último recurso de cualquier política de inmigración, cuyos objetivos han de ser luchar lo más eficazmente contra la inmigración irregular", sostuvo Rumí en una entrevista publicada el jueves por el diario español El País.

La lucha contra la inmigración ilegal "es nuestro primer objetivo, junto al de promover la integración social", dijo la funcionaria que enfatizó que "en absoluto (nuestro objetivo) es recurrir a procedimientos extraordinarios".

"La inmigración irregular no es camino para venir a nuestro país", dijo antes de asegurar que "habrá vías reales, flexibles y ágiles" para que los inmigrantes puedan venir a España.

Diversas entidades de inmigrantes y fuentes del gobierno estiman que la inmigración irregular en España supera el millón de personas.

La secretaria de Estado señaló que la prioridad actual del gobierno es la elaboración del reglamento de aplicación de la ley de Extranjería vigente desde diciembre de 2003.

La tercera reforma de esa ley fue impulsada el año pasado por el entonces gobernante Partido Popular (PP, derecha) que en el Parlamento contó con el respaldo de los diputados del poder Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ahora en el poder.

No obstante, Rumí dio a entender que se introducirán modificaciones en el referido reglamento de desarrollo de la ley para "dar respuesta de forma individualizada a distintas situaciones que se presentan actualmente".

"Tenemos la oportunidad de profundizar los instrumentos que ofrece la actual legislación de extranjería, dotándolos de la necesaria flexibilidad y realismo", afirmó la responsable de inmigración del gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, quien al día siguiente de su triunfo electoral del 14 de marzo afirmó que su gobierno impulsaría una inmigración "legal y ordenada".

La funcionaria valoró "positivamente" el informe emitido la víspera por el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del gobierno en el cual están representados sindicatos y empresarios.

"Lo tendremos muy en cuenta en la elaboración del reglamento" de la ley de Extranjería, anticipó.

En el informe titulado "Sobre la inmigración y el mercado de trabajo en España", el CES recomendó al gobierno que se simplifique el sistema de contratación de trabajadores inmigrantes extranjeros y abogó por que se analice de forma individual cada pedido de regularización, considerando "innecesario" el proceso de regularizaciones extraordinarias.

El miércoles una fuente del gobierno afirmó que el Ejecutivo impulsa un "gran pacto de Estado sobre inmigración" con el resto de las fuerzas políticas para promover la contratación de trabajadores en origen y "estudiar" la situación de los inmigrantes irregulares en España, pero descartó anticipar un "resultado", pues "se trata de buscar una solución consensuada".

Desde AESCO, entidad de inmigrantes colombianos, que en gran número integran las filas de los ilegales, su presidenta, Yolanda Villavicencio, advirtió sobre las esperanzas que han levantado los comentarios de los últimos días.

"Hay más expectativa de lo que debiera", resumió, antes de afirmar que de producirse regularizaciones en el marco del reglamento, serán "muy limitadas".