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Por lo tanto, de los 690.679 extranjeros sin papeles que viven en España, los argentinos que ingresaron en el proceso de regularización representan un 3,47 por ciento.
Antes de que finalizara el proceso de regularización, asociaciones de inmigrantes y fuentes consulares en España consideraron que la cifra de argentinos que podrían regularizar su situación estaba por debajo de las expectativas y necesidades de la comunidad argentina, cifrada en unas 150.000 personas, la mitad en situación irregular.
No obstante, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España, Jesús Caldera, consideró un "éxito" el proceso de regularización y señaló que del total de expedientes presentados, un 88 por ciento fueron admitidos.
En tanto, un 9 por ciento está pendiente de la presentación del certificado de empadronamiento y/o de antecedentes penales, y un tres por ciento no fue admitido, señaló el funcionario en conferencia de prensa.
Según Caldera, ya "fueron procesadas el 30 por ciento de las solicitudes, que en un 90 por ciento fueron efectivas" y anticipó que "la entrega del total de los permisos de residencia está prevista para no más allá de julio".
El ministro español calificó el proceso de regularización como "único en la historia de los países industrializados" por ser "selectivo, riguroso y avanzado respecto de lo que propone hacer Europa en materia de inmigración".
Un 60 por ciento de las solicitudes se presentó en Madrid, Cataluña y Valencia y la mitad de ellas correspondieron a ecuatorianos, rumanos y marroquíes.
Un tercio de las peticiones de legalización correspondieron al servicio doméstico, empleados de hogar, ya que esta fue la figura a la que recurrieron las personas que trabajan por cuenta propia, entre ellos muchos argentinos.
El ejecutivo español calculó que después de este proceso de regularización extraordinario, entre 63.108 y 179.076 personas quedarán en la irregularidad, de acuerdo con los datos de la tasa de actividad que se aplica a la población extranjera.
Sin embargo, en el mismo informe sobre el balance del proceso de regularización se pudo constatar que la diferencia entre extranjeros empadronados y con permiso de residencia en edad de trabajar -de entre 16 y 64 años- es de casi 500.000 personas.
Estas personas "podrán recurrir a razones humanitarias, o al arraigo laboral y social previsto en el Reglamento de extranjería, o bien serán repatriados, porque a partir de hoy no será posible trabajar sin contrato", aseguró Caldera.
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