El ministro del Interior, Giuliano Amato informó que el decreto aprobado hoy por el gobierno italiano prevé que las escuchas telefónicas ilegales deben ser destruidas y quien las posee comete un delito.
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El decreto prevé además sanciones económicas, de 50 mil a un millón de euros para diarios, transmisiones radiales y televisivas que difundan escuchas telefónicas ilegales.
Para los cotidianos, explicó el ministro, las sanciones ascienden a 50 centésimos de euro por cada copia impresa, con un mínimo de 20.000 euros a reembolsar de todos modos.
Las informaciones contenidas en escuchas ilegales no pueden constituir en ningún caso una prueba para utilizar en los procesos, precisó Amato.
De los datos y contenidos de conversaciones y comunicaciones pasadas a través de tráfico telefónico o telemático ilegalmente interceptado, explicó el ministro del Interior, "está prohibido hacer copia de alguna forma y su contenido no constituye de ningún modo indicio delito, ni puede ser utilizado con fines de procesos o investigaciones.
El contenido debe ser destruido y debe redactarse un acta de la operación de destrucción, concluyó Amato.
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