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Sánchez de Lozada, a la sazón capitán general de las Fuerzas Armadas, "deberá justificar en qué circunstancias dispuso la salida de las fuerzas militares para reestablecer el estado de derecho", afirmó el abogado Gonzalo Valenzuela, defensor de los uniformados acusados de intervenir en las matanzas de civiles en la ciudad de El Alto, epicentro de la rebelión popular que precipitó la caída de Sánchez de Lozada.
Entre 56 y 80 civiles murieron durante la violenta represión que desató el Ejército en El Alto y zonas marginales de La Paz en setiembre y octubre últimos.
"Si hay una autoridad política responsable es el capitán general de las Fuerzas Armadas en un juicio de responsabilidades de carácter político al que está siendo sometido", agregó el abogado de la milicia boliviana en declaraciones citadas por el periódico El Diario.
En su mensaje desde Estados Unidos, a donde escapó en octubre pasado tras renunciar, Sánchez de Lozada pidió una "investigación (que) tiene que cubrir a todos y tiene que ser absolutamente imparcial" y "despolitizada".
La frase pareció aludir al actual presidente Carlos Mesa, que lo sucedió constitucionalmente en su condición de vicepresidente luego de su dimisión el 17 de octubre pasado, presionado por las circunstancias.
El actual gobernante comunicó este lunes que no se pronunciaría sobre la reivindicación de su depuesto predecesor.
La Fiscalía General desestimó el viernes último procesar a Mesa con el argumento de que "no participaba (entonces) en el Poder Ejecutivo, no habiendo en su accionar materia justiciable".
Al menos dos pedidos se han radicado en el Congreso para el enjuiciamiento por genocidio y delitos de lesa humanidad, contra el ex mandatario.
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