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El ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, dijo a los diputados franceses que estaban frente a la "más profunda y más compleja crisis urbana", la cual requiere "firmeza" por parte de las autoridades.
Los partidos de oposición de izquierda votaron en su mayoría en contra de la prolongación de los derechos especiales para el gobierno en vistas de la reducción de la violencia callejera en los últimos días, informó la agencia DPA.
Los disturbios estallaron el pasado 27 de octubre, tras la muerte de dos jóvenes de origen tunecino y sudafricano que se escondieron en un transformador para eludir la persecución policial.
Al fundamentar la medida que busca prolongar desde el 21 de noviembre hasta febrero el estado de excepción, el presidente de Francia, Jaques Chirac, había dicho anoche en un mensaje al país que "la prioridad es el restablecimiento del orden público".
Chirac, quien guardo un llamativo silencio a lo largo de esta crisis, consideró la "medida estrictamente temporal que sólo será aplicada donde sea necesario y con total acuerdo de las autoridades locales".
Ante la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, Nicolás Sarkozy, afirmó hoy que casi el 80 por ciento de las personas detenidas, acusadas de participación en la ola de violencia, ya tenían antecedentes policiales.
El funcionario atribuyó los episodios de violencia a la "voluntad de aquellos que han hecho de la delincuencia su actividad principal para resistir la ambición de la República de restablecer el orden", informó la agencia italiana ANSA.
"El 75, 80 por ciento (de los detenidos) era conocidos por la policía por numerosos delitos", advirtió el ministro.
Por su parte, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, visitó hoy la periferia norte de París, por primera vez desde el inicio el 27 de octubre de la ola de disturbios.
"He venido a ver a los habitantes de Aulnay-sous-Bois que vivieron momentos difíciles para darles un doble mensaje de firmeza y responsabilidad", dijo el primer ministro.
De Villepin recorrió Aulnay-sous-Bois, en el departamento de Seine-Saint-Denis, uno de las zonas más afectadas por protestas. "He escuchado a muchas personas que quieren movilizarse, ir adelante, salir, realizar sus proyectos y deben ser acompañadas.
Debemos estar todos orientados contra el sentimiento de injusticia y contra la discriminación", sostuvo. De Villepin aseguró más tarde, ante la Asamblea Nacional, que el gobierno acelerará el resarcimiento de personas víctimas de los destrozos en la ciudad y anunció que las compañías de seguros "aceptaron una extensión de las garantías sobre los automóviles incendiados".
La federación francesa de compañías de seguros estimaron que los daños llegan hasta hoy a 200 millones de euros, de los cuales 20 millones fueron calculados sobre automóviles incendiados.
Además, el Movimiento de Empresas de Francia (Medef) anunció que destinará fondos para renovación urbana.
"Consideramos que la estética y el confort juegan un rol prioritario, por lo cual el consejo ejecutivo del Medef decidió que en los próximos seis años se dediquen 2.400 millones más para renovación urbana", dijo la presidenta de la entidad, Laurence Parisot.
En tanto, el alcalde de Draveil, George Tron, anunció la suspensión "inmediata" de las ayudas sociales a familias de jóvenes acusados de participación en la ola de violencia.
La comuna distribuye entre familias empobrecidas ayuda alimentaria y médica, y beneficios en los servicios de agua, luz y teléfono, entre otros aportes.
Por otra parte, un periodista del diario Le Parisien fue arrestado bajo la acusación de haber interceptado la frecuencia de la radio policial para escuchar comunicaciones de la policía con un artefacto provisto por otros agentes.
El sistema de radio Acropol permite encriptar la frecuencia policial, por lo cual su captación es casi imposible sin contar con instrumentos específicos.
Según la policía, en la madrugada de hoy ardieron 215 automóviles en todo el país y 71 personas fueron detenidas.
Desde que comenzaron los disturbios fueron incendiados 8.900 vehículos, así como numerosos edificios, entre ellos colegios y empresas, lo que ha ocasionado unos daños de 240 millones de euros (280 millones de dólares), en tanto 12.000 agentes de policía fueron movilizados por todo el país.
También en París, el ex titular de la Confederación Campesina José Bové fue condenado hoy por la Corte de Apelaciones de Toulouse a cuatro meses de prisión tras ser encontrado responsable de la destrucción de un campo de maíz transgénico en julio de 2004, en Menville, sudoeste de Francia.
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