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La mujer concurrió el lunes, sin escolta, al cuartel central de la policía de investigaciones y esperó a un familiar, que no fue identificado, quien declaró también ante el magistrado.
La abogada querellante Carmen Hertz dijo que Lucía Pinochet "tiene que ser investigada porque a su nombre figuran varias cuentas y depósitos", de acuerdo al informe del Senado sobre el Riggs Bank, que arrojó que el ex presidente de facto chileno tenía depósitos hasta por 8 millones de dólares.
Consultada si sus hijos, y no Pinochet, habían manejado este dinero, Hertz afirmó: "El cobró personalmente varios cheques en el mismo período en que fue sobreseído por insanidad mental en el proceso Caravana de la Muerte".
"Ahora, que los hijos se hayan beneficiado, es otra cosa", añadió.
Viuda del periodista Carlos Berger, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte, Hertz recordó que "Pinochet ha manejado de partida el origen y el acceso a fuentes, a nuestro juicio ilícitas, para acumular un millonario patrimonio".
La profesional resaltó que el informe del senado estadounidense reprocha al Riggs no haber averiguado el origen de los depósitos que la misma investigación atribuye a tres fuentes: comisiones por venta ilegal de armas, lavado de dinero y actos de corrupción.
Hertz sostiene que es "grotesco" que Oscar Aitken, albacea de Pinochet, intente hacer creer a la opinión pública que el origen del millonario patrimonio del ex dictador descansa en un depósito inicial por una suma equivalente hoy a 327 dólares.
"Nosotros hemos pedido que se establezca el origen de estos dineros y hemos denunciado no sólo fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, sino también cohecho", dijo la abogada.
"Si los partidarios de Pinochet quieren atribuir los dineros a donaciones -luego de la derrota del plebiscito en 1988- él seguía siendo un funcionario público al mantenerse hasta 1998 como comandante en jefe del Ejército", apuntó.
Hertz sostuvo que "en ninguna parte del mundo, un jefe del Ejército puede aceptar dádivas, y menos de extranjeros".
La investigación en Chile se inició al conocerse el informe del senado estadounidense, luego de que el Consejo de Defensa del Estado chileno entablara una denuncia.
El servicio de Impuestos Internos efectuó luego una auditoría de los ingresos de Pinochet, su esposa Lucía Hiriart, y sus hijos, y adhirió a la causa presentando una querella por presunta evasión tributaria de 4 millones de dólares.
La acción legal está dirigida contra Pinochet, su albacea Oscar Aitken, su equipo contable y otros posibles responsables.
Una segunda querella criminal fue presentada por los abogados de derechos humanos Carmen Hertz y Alfonso Insunza, por delitos de fraude, malversación de fondos, exacción ilegal y cohecho.
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