El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La nueva ley propone el inicio, antes del 31 de enero de 2004, del proceso de privatización de la RAI, aunque ciertos sectores de la empresa estatal no podrán ser vendidos hasta 2006. En el futuro, el Estado sólo retendrá uno por ciento de la compañía, aunque, mientras tanto, podrá intervenir en el nombramiento del Consejo de Administración, que pasará de 5 a 9 miembros.
La ley prohíbe, desde ahora, a propietarios de TV participar en compañías editoriales, y viceversa, hasta 2008. Hasta entonces la empresa que posea más de una cadena televisiva no podrá comprar participaciones en diarios o formar nuevas sociedades pero, a partir de allí, se permitirá la propiedad de canales de TV y diarios. La oposición considera esto anti-constitucional y que beneficia a Berlusconi, dueño de 3 canales privados de aire (una decisión de la Corte Constitucional le había impuesto trasladar uno de ellos al sistema satelital para respetar la ley de competencia), de la principal editorial (Mondadori) y la mayor agencia de publicidad, todo controlado por el holding Finivest. Del mismo modo que lo beneficia, a partir de 2009, al levantar la prohibición a una misma persona de poseer más de dos canales de TV nacional y la autorización a que un mismo grupo pueda convertirse en multimedia (TV, radio, prensa).
Tras estas concesiones, la norma fija elementos tendientes a evitar el monopolio, como un techo máximo para la consecución de ingresos, que deberá ser todavía establecido y que tendrá en cuenta ámbitos como la publicidad o la venta de contenidos, entre otras variables.
Otro de los aportes es la aceleración de las transmisiones en tecnología digital, de modo que el 1 de enero de 2004 la RAI debe haber cubierto la mitad del territorio italiano y un año después 70%. Antes de que termine 2006, la digital será la técnica de transmisión, con una prórroga a las concesiones analógicas de la que se beneficia Retequattro, uno de los canales propiedad de Berlusconi.
Asimismo, la ley fija obligaciones en el campo de la defensa de los menores, como la prohibición de que los que tengan menos de 14 años participen en anuncios publicitarios.
La oposición cree que se ha recortado la libertad en Italia y pone sus esperanzas en una eventual negativa a la firma por parte del presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, así como en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Durante las votaciones se vivieron momentos de tensión e insultos entre miembros del gobierno y de la oposición. «Es una ley que tiene aspectos inconstitucionales y que en un panorama de hiperconcentración de los medios acentúa aun más este problema del sistema italiano. Es una nueva rebaja de las libertades: achica la competencia, hace caer la calidad y realiza una progresiva restricción del pluralismo», comentó el líder del principal partido de la oposición, Piero Fassino. A su vez, Renato Schifani, diputado de Forza Italia, partido de Berlusconi, defendió la ley al argumentar que «el decreto no quiere destrozar el sistema sino superar el duopolio actual».
Dejá tu comentario