Brasilia (ANSA, LF) - La oposición brasileña decidió utilizar las investigaciones parlamentarias de denuncias de corrupción para afectar la imagen del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, probable candidato a la reelección en los comicios de octubre. Esto supone un cambio en la postura que mantuvo hasta el momento, dado que la figura del mandatario ha estado relativamente al margen de las acusaciones.
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Según las encuestas, la avalancha de denuncias, acusaciones e investigaciones de prensa que derribó una conducción del gobernante Partido de los Trabajadores y a los dos más influyentes ministros que tenía Lula da Silva no ha afectado al presidente.
«Este gobierno no tiene más agenda. Tenemos que intensificar el vínculo entre el nombre de Lula da Silva y los hechos de gobierno», dijo el diputado Jutahy Junior, jefe de la bancada de la oposición socialdemócrata en la Cámara baja (PSDB).
El PT admitió haber gestionado una millonaria contabilidad paralela en sus últimas campañas electorales, y la oposición lo acusa de haber pagado sobornos a diputados aliados y de haber utilizado dinero público en su «caja dos». Las denuncias provocaron la caída del ex jefe de Gabinete José Dirceu -que luego perdió también su mandato de diputado- y del ex ministro de Hacienda Antonio Palocci, los dos colaboradores más poderosos que ha tenido Lula da Silva. Los dirigentes opositores quieren utilizar el informe del procurador general de la República, Antonio Fernando Souza, quien, sobre la base de las investigaciones parlamentarias, sostuvo que el PT montó «una sofisticada organización criminal» para desviar dinero.
Encuestas
«El discurso será que Lula da Silva era el jefe de esa organización criminal. Ahora hay que pasarle esa idea a la población más pobre, porque la clase media ya lo abandonó», dijo José Carlos Aleluia, jefe de la bancada del Partido del Frente Liberal.
Las encuestas más recientes muestran a Lula da Silva, que aún no confirmó si disputará la reelección, con alrededor de 40% de las preferencias, frente a 23% de su principal rival opositor, el ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, del PSDB.
El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, declarará el jueves ante el Congreso por las denuncias de que colaboró en encubrir ilícitos con la defensa de Palocci, quien renunció luego de haber sido acusado de violar el secreto bancario de un modesto casero que lo acusó de prácticas de corrupción.
Una de las comisiones parlamentarias, por su parte, insistirá en sus esfuerzos para que la Justicia levante el secreto bancario de Paulo Okamotto, un funcionario del gobierno que fue tesorero del PT durante los años 90.
«Tenemos todos los elementos para alcanzar al presidente. Tenemos que mostrar que él es el responsable de la corrupción», dijo el senador Antonio Carlos Magalhaes, del PFL.
Por otra parte, el Partido Popular Socialista (PPS, izquierda), ex aliado del PT, se reunió ayer en Brasilia para discutir si apoya un pedido de juicio político contra el presidente que prepara la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
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