Cuando Evo Morales logró arrancar a las petroleras extranjeras el consentimiento para un nuevo reparto del negocio del gas, confiaba en que el fortalecimiento de las arcas del Estado le permitiera, finalmente, gobernar con desahogo. Sin embargo, queda cada vez más claro que los conflictos más acuciantes en Bolivia son antes políticos que económicos. Refugiada en las provincias -y ya no sólo en las más ricas-, la oposición volvió a arremeter ayer contra el proyecto hegemónico de Morales al amenazarlo con paralizar el viernes el país. Para evitarlo, el mandatario izquierdista debería renunciar a las aristas más filosas de su reforma agraria y a su plan para capturar de facto la Asamblea Constituyente.
Campesinos
indígenas
marchan por
las calles de
La Paz en
apoyo a la
reforma
agraria de
Morales, que
reparte
tierras de
latifundios
entre los
pobres.
La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Los líderes cívicos de ocho de los nueve departamentos de Bolivia emplazaron ayer al gobierno a resolver en 72 horas los conflictos que vive el país, bajo la amenaza de realizar un paro el viernes y de masificar la huelga de hambre que llevan a cabo cerca de 300 opositores.
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El documento con esas resoluciones fue firmado en Cochabamba por los dirigentes cívicos de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni, Tarija, Pando, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba, que reúnen a 90% del territorio y la población de Bolivia, informaron fuentes del Comité Cívico de Santa Cruz.
Los líderes, que tienen gran poder de convocatoria sobre organizaciones empresariales, académicas y organismos ciudadanos, reclaman que la nueva Constitución boliviana, en todas sus fases, sea aprobada por dos tercios de la Asamblea, como manda la legalidad vigente, y no por mayoría, como pretende el presidente, Evo Morales.
El oficialismo quiere aprobar los artículos de la nueva Carta Magna por medio de su mayoría absoluta, sin contar con los representantes del resto de Bolivia, en contra de lo que prescriben la Constitución actual y la ley de convocatoria de ese foro firmada por Morales en marzo pasado.
El documento emitido en Cochabamba con «medidas de resistencia civil» señaló que a partir de ayer se debía fortalecer la huelga de hambreen curso en todo el país y que el lunes deben incorporarse los máximos dirigentes de cada región.
Reclamo
La protesta la comenzaron constituyentes y diputados del partido centrista Unidad Nacional (UN) el pasado 15 de noviembre. Los cívicos demandan «la suspensión de los procedimientos legislativos en curso que han generado conflictos en las regiones, hasta tanto la Asamblea Constituyente empiece a deliberar el nuevo texto constitucional por dos tercios de votos de sus miembros».
Los asuntos más conflictivos son un proyecto oficial de ley de reforma agraria, para expropiar tierras que el Ejecutivo considere improductivas, y otro que faculta al Congreso a censurar a los gobernadores electos y a Morales para destituirlos. Si el Ejecutivo no resuelve estos problemas, las comités cívicos encabezarán el paro el viernes.
La excepción será la ciudad sureña de Sucre, capital oficial de Bolivia y sede de la Constituyente, que optará por movilizaciones callejeras, según dirigentes de esa región. Los cívicos también piden al gobierno de Morales respetar los resultados del referendo celebrado en julio pasado, cuando ganó el Sí en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que quieren avanzar en sus procesos de autonómicos.
Hostigamiento
Asimismo, denunciaron que la sede de su reunión, la Cámara de Construcción de Cochabamba, fue hostigada ayer por militantes del MAS, y rechazaron la supuesta pretensión del Ejecutivo de crear movimientos cívicos paralelos, afines a Morales.
Germán Antelo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, dijo que conceden Morales 72 horas, «esperando cordura y racionalidad». Sin embargo, «por la experiencia, hemos perdido la fe de que entre en esa línea», agregó.
«Hacer tantas cosas, tanto barullo para que se respete la ley y la Constitución parece absurdo, pero ése es el país que tenemos», dijo Antelo, quien anunció que en su departamento hay 200 personas que comenzarán una huelga de hambre progresivamente.
Entre tanto, miles de indígenas y campesinos pro gubernamentales llegan ayer a La Paz para exigir que el Senado, dominado por la oposición, que no bloquee el proyecto oficial de ley de tierras, y para asistir a una manifestación que encabezará hoy Morales.
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