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Al cabo de un primer encuentro, y para frenar la dinámica del "no" lanzada desde hace dos semanas por franceses y holandeses, que rechazaron masivamente el texto constitucional, una "muy amplia mayoría" de los 25 jefes de Estado y Gobierno de la UE se declaró a favor de prolongar el calendario de ratificación después de noviembre de 2006, plazo inicial previsto para concluir ese proceso.
"Nos orientamos hacia un consenso. Sería mas bien un periodo de reflexión", afirmó una fuente comunitaria que resumió el tenor de ese debate en el primer día de la cumbre que continuará el viernes y podría extenderse al sábado.
El presidente francés Jacques Chirac, propuso a sus pares europeos convocar una "reunión extraordinaria" de jefes de Estado y Gobierno para tratar los "asuntos de fondo que involucran a la Unión y a cada una de nuestras naciones", y abrir un "período de reflexión" para "poner fin a la brecha que corre el riesgo de abrirse entre Europa y su gente".
Los 25 líderes europeos iniciaron el jueves por la tarde en la sede del Consejo Europeo de Bruselas una cumbre dominada por una de las mayores crisis en la historia de la UE desde su creación en 1954, provocada por el "no" a la Constitución del electorado de dos de sus socios fundadores: Francia y Holanda.
La decisión del Reino Unido de suspender su consulta, prevista para 2006, había complicado más el panorama, dejando en "estado de coma profundo" a la Constitución, ratificada ya por 10 países, nueve de ellos por vía parlamentaria y uno por referéndum, España.
Junto a la cuestión constitucional, el otro tema crucial de la cumbre, que los dirigentes europeos debatirán el viernes, son las perspectivas financieras para el período 2007-2013.
La posibilidad de alcanzar un acuerdo parecían reducidas el jueves, en especial por las irreductibles diferencias entre británicos -que asumirán la presidencia de la UE en julio- y franceses.
"Presiento que va a ser muy difícil", admitió el primer ministro luxemburgués Jean Claude Juncker, presidente en ejercicio de la UE.
"No creo que haya un acuerdo sobre el presupuesto. Las diferencias son muy grandes", señaló por su parte el primer ministro sueco Goeran Persson.
La llave del debate es el denominado "cheque británico", reembolso de 4.600 millones de euros que desde 1984 recibe Londres por sus aportes al presupuesto comunitario, y que Gran Bretaña reiteró que no está dispuesta a ceder, salvo que también se debata la cuestión de los gastos agrícolas.
Francia, principal beneficiaria de la Política Agrícola Común (PAC), acordada en 2002 y que asegura gastos en ese sector hasta 2013, se niega ferozmente a ponerla en tela de juicio.
Alemania y España, que también se beneficia de esos fondos, respaldan la posición francesa.
Para tratar de desbloquear la situación, la presidencia luxemburguesa había presentado el miércoles una nueva propuesta haciendo algunas concesiones a los británicos, como congelar su "cheque" a partir de 2007 y abandonar la pretensión de reducirlo en los años siguientes.
A España, uno de los principales beneficiarios de los fondos de cohesión, afectada por la ampliación al este, la presidencia luxemburguesa le ofreció 2.000 millones de euros en Fondos de Cohesión entre 2007 y 2008, muy lejos de la aspiración de Madrid, que pretende prolongar esa ayuda hasta 2012.
La oferta contempla también concesiones a Holanda, Suecia y Alemania, tres de los seis principales contribuyentes netos al presupuesto comunitario.
Por último, Chirac planteó en la cumbre la cuestión de la continuidad o no de la ampliación de la UE, uno de los temas que quedó en el ojo del huracán tras el rechazo de la Constitución en Francia y Holanda.
Chirac se preguntó si Europa podía continuar con ese proceso sin tener "las instituciones capaces de hacer funcionar en forma eficaz a esa Unión ampliada", según un documento difundido por la delegación francesa.
La cuestión afecta a Bulgaria y Rumania, que se deberían adherir a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, Turquía (que tendría que iniciar negociaciones de adhesión en octubre próximo) y Croacia, en la lista de espera por su "insuficiente" colaboración para dar caza a quienes cometieron crímenes de guerra en los Balcanes.
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