El País Vasco, en el norte de España, se encuentra ante la posibilidad del fin de la violencia terrorista de ETA, tal como anunció la organización separatista. En una entrevista formulada por e-mail, el «lehendakari» (presidente) vasco Juan José Ibarretxe, del Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado), aborda interrogantes que plantea el nuevo escenario. Como dejan ver sus respuestas a Ambito Financiero, los desacuerdos con Madrid siguen siendo muchos.
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Periodista: ¿Cuáles son los pasos imprescindibles que deben ser dados para consolidar la paz?
Juan José Ibarretxe: En primer lugar, que ETA sea coherente con su declaración y que el respeto a los derechos humanos sea universal, para todas las personas. No puede haber zonas oscuras en la declaración de alto el fuego. También se deberán respetar los derechos de los presos de ETA. Tienen derechos, aunque hayan cometido horribles delitos y esos derechos han de respetarse. Y Batasuna (expresión partidaria del independentismo radical, 15% de los votos) deberá ser una alternativa política legal, porque la ilegalización de las ideas no conduce a ningún lugar. Tienen sus derechos civiles y políticos y éstos también deben de ser respetados. Finalmente, todos los partidos deberán articular un espacio de diálogo común. Allí volverán a plantearse todos los asuntos políticos que tenemos pendientes de resolver en Euskadi desde el siglo XIX. El principal de ellos es si se van a respetar o no las decisiones democráticas que adopte la sociedad vasca.
P.: ¿Reconoce méritos en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a raíz del declarado cese el fuego de ETA?
J.J.I.: La declaración de alto el fuego permanente de ETA es responsabilidad de ETA y sólo de ella. Por fin se ha dado cuenta de que la violencia no es un camino útil para defender ideas políticas. De hecho, no es un camino útil para defender nada. La sociedad vasca le ha exigido durante décadas a ETA que defienda lo que estime más oportuno defender, pero que lo haga respetando los derechos humanos de todas las personas. Así que si existe algún protagonista de la actual situación que vivimos, es la propia sociedad vasca en su conjunto. Además de ello, todos hemos contribuido a llegar a esta situación. Los partidos o las instituciones han tenido un papel importante e innegable y el presidente Zapatero también ha tenido un papel protagonista.
P.: ¿El nuevo escenario supone más oxígeno para el «Plan Ibarretxe», que plantea a Euskadi como estado libre asociado a España?
J.J.I.: Los medios de comunicación en Madrid bautizaron, con una intención más que evidente, como Plan Ibarretxe lo que en realidad era una propuesta de reforma de nuestro autogobierno que se ajustó a todos los procedimientos legales existentes. El Parlamento Vasco debatió, modificó y aprobó por la mayoría legalmente requerida. Zapatero y (Mariano) Rajoy acordaron en La Moncloa decir no a la decisión del Parlamento Vasco, sin ni siquiera hablar o negociar nada. Se negaron a todo.
P.: Una parte importante de la sociedad española ve proyectos de ruptura de España, e incluso acusan al PNV de haber radicalizado sus posturas en sintonía con ETA, como sostienen en el Partido Popular (de José María Aznar). ¿Qué responde?
J.J.I.: Que engañan a los ciudadanos y que engañan a sus electores. Cualquier observador puede concluir que nadie está planteando romper el Estado en España. Nosotros, el gobierno vasco, tampoco. De hecho, la propuesta que el Parlamento Vasco aprobó hacía una especial referencia a que se pretendía alcanzar un modelo de convivencia amable con España. Lo único que pedíamos era que se respetara la decisión democrática que tomara el pueblo vasco. Así de simple.
P.: Diversas circunstancias hicieron que diferentes diásporas radicadas en la Argentina (italiana, gallega, boliviana, chilena, uruguaya) tengan un peso decisivo en las elecciones de los países de origen. En caso de que avance el plan soberanista. ¿Planea extender los derechos ciudadanos a la comunidad vasca en el exterior?
J.J.I.: Para que no haya dudas, porque se han dicho muchas barbaridades, le recordaré lo que dice el artículo 5.1 del Nuevo Estatuto Político que las Cámaras de Madrid rechazaron sin diálogo. Dicho artículo dice textualmente: «Todas las personas residentes en el exterior que hayan dispuesto de su última vecindad administrativa en la Comunidad de Euskadi, así como sus descendientes, si así lo solicitan, podrán gozar, de conformidad con lo que dispongan las leyes, tanto de la nacionalidad vasca como de los derechos políticos que corresponden a las ciudadanas y ciudadanos vascos». Creo que es suficientemente explícito.
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