El líder opositor Juan Guaidó moviliza nuevamente este sábado a sus simpatizantes en 358 puntos del país para elevar la presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cada vez más cercado por sanciones y amenazas de Estados Unidos.
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En medio del hartazgo de millones ante el colapso de los servicios públicos, la jornada marca el inicio de la "operación libertad", una estrategia del jefe del Parlamento, de mayoría opositora, para organizar a sus seguidores en pro de la caída de Maduro.
Comienza "la escalada de presión más grande que hemos visto en nuestra historia", anunció el opositor, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países, en un mensaje telefónico a sus partidarios.
"Depende de nosotros mantener la presión necesaria para lograr nuestros objetivos", añadió Guaidó, bajo amenaza de arresto luego de que el pasado martes la oficialista Asamblea Constituyente lo despojara de su inmunidad y autorizara en enjuiciarlo por "usurpar" las funciones de Maduro.
En respuesta, como es habitual, Maduro llamó a sus bases a marchar este sábado "en defensa de la soberanía y contra el imperialismo".
La "operación libertad" prevé una movilización nacional hacia el palacio presidencial de Miraflores, en fecha no establecida, según Guaidó, quien igualmente llamó a aprovechar la jornada de este sábado para protestar por la crisis eléctrica.
Desde el apagón masivo del 7 de marzo, el país está sometido a cortes intermitentes, que el gobierno intenta sobrellevar mediante un plan de racionamiento que excluye a Caracas.
El colapso, que afectó el suministro de agua, el transporte y las telecomunicaciones, también obligó a reducir la jornada laboral y a suspender temporalmente las clases.
Mientras Guaidó alienta la presión popular, la Casa Blanca sancionó a 34 embarcaciones de la estatal PDVSA y dos compañías que envían crudo venezolano a Cuba. "Este es sólo un primer paso", advirtió John Bolton, consejero de Seguridad Nacional estadounidense.
En su contraofensiva, el chavismo inhabilitó a Guaidó, a través de la Contraloría, para ejercer cargos públicos durante 15 años. El diputado desconoció esa medida y el levantamiento del fuero.
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