Nueva ley de inmigración en España recibe el rechazo de la oposición

El opositor Partido Popular (PP, derecha), acusó el miércoles al gobierno socialista de implementar una política migratoria de una "irresponsabilidad temeraria", en referencia al plan de regularización excepcional de inmigrantes que podría beneficiar a medio millón de extranjeros.

"Su política es de una irresponsabilidad temeraria.
A los ilegales que hay, se suman los nuevos ilegales del efecto llamada", advirtió en la sesión de control al gobierno en el Parlamento el portavoz del bloque conservador, Eduardo Zaplana, cuyo partido gobernó entre 1996 y 2004.

El portavoz dijo que en los consulados españoles hay "aglomeraciones" para pedir visas de turista a España y que "por los Pirineos, están llegando pateras terrestres que están trayendo a decenas de miles de ilegales".

Zaplana dijo además que el proceso de regularización está beneficiando a las mafias y que ya se conocen denuncias sobre la venta de contratos de trabajo falsos por 1.000 euros y certificados de empadronamiento falsos por 500 euros.

"Les pedimos que rectifiquen porque la situación creada es muy grave y de su exclusiva responsabilidad", dijo Zaplana, a quien la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega replicó indicando que el ejecutivo socialista, que asumió el poder en abril de 2004, está abordando la situación de la inmigración "de una forma responsable, legal y ordenada".

"Y lo hacemos en forma distinta a cómo lo hicieron ustedes", respondió la número dos del gobierno, en un nuevo cruce verbal entre gobierno y oposición de derecha desde que el lunes se abrió el proceso de regularización extraordinario.

Ese proceso beneficiará a inmigrantes sin papeles, en su mayoría latinoamericanos, que puedan presentar un contrato de trabajo de seis meses, un certificado de antecedentes penales limpio y un certificado de empadronamiento (que certifique su residencia en España) fechado antes del 7 de agosto de 2004 incluido.

El proceso de regularización concluirá el 7 de mayo.

Los trámites los deben hacer los empleadores, excepto en el caso de los empleados domésticos.

De la Vega afirmó que España está siguiendo las recomendaciones del Parlamento europeo de 1998.

"La UE asocia trabajo e inmigración y establece políticas que son las que está llevando a cabo España", enfatizó la portavoz del gobierno.

En los últimos diez años, la cantidad de inmigrantes que llegaron a España se cuadruplicó hasta 2,6 millones de personas, de los cuales un millón son ilegales.