Las autoridades paraguayas liberaron en las últimas horas a 75 manifestantes detenidos en los disturbios protagonizados el martes por familiares de las víctimas del incendio de un supermercado de Asunción, disconformes con el resultado del juicio a sus dueños, informo la policía.
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En esa tragedia, la peor de la historia de este país, perdieron la vida 364 personas y centenares resultaron heridas.
El comandante de la Policía Nacional, Fidel Isasa, informó también de que 42 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, incluidos 25 agentes, en las refriegas que se produjeron después que un tribunal dictara sentencia en el juicio por el incendio ocurrido el 1 de agosto de 2004 en el supermercado Ycuá Bolaños.
Entre los detenidos, que habían sido alojados en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía, a las afueras de Asunción, figuran al menos una decena de jóvenes, algunos de los cuales fueron vistos en la televisión saqueando otro local del Ycuá Bolalos.
Las autoridades informaron también del control de los desórdenes que estallaron anoche en el penal de mujeres de Asunción después de que al menos cuarenta reclusas se negaran a ingresar a sus celdas, en solidaridad con las víctimas de la tragedia.
Tras conocer el fallo que declaró culpable al propietario del supermercado, Juan Pío Paiva, a su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco del delito de "homicidio culposo", castigado con sólo un máximo de cinco años de cárcel, los manifestantes se trasladaron hasta un supermercado de la cadena Ycuá Bolaños, que fue saqueada por los manifestantes.
Los desórdenes, que habían comenzado en el mismo recinto en donde se llevaba a cabo la audiencia de sentencia, fueron controlados cerca de la medianoche del martes.
El presidente del país, Nicanor Duarte, reiteró hoy que la recusación de la Fiscalía a los jueces del tribunal tiene por objetivo la anulación del juicio, y en todo caso, de la sentencia, al considerar que ésta fue interrumpida durante su lectura debido a los incidentes.
"He testificado en su oportunidad y las puertas (del supermercado) estaban cerradas deliberadamente, por lo tanto es una sentencia que no se adecúa a la responsabilidad penal que debe surgir a partir de este acto criminal", aseveró Duarte, quien se había acudido al lugar poco después de la tragedia.
La Fiscalía solicitó en el proceso iniciado el 24 de julio pasado una condena por "homicidio doloso", que conlleva la pena máxima de 25 años, pero los jueces María Doddy Báez, Manuel Aguirre y Elio Ovelar, con un voto en disidencia de la primera, se decantaron por la tipificación más leve del delito.
En el proceso, la Fiscalía atribuyó la alta mortandad en el incendio al hecho de que las puertas del local estaban bloqueadas en el momento del siniestro, presuntamente porque los Paiva habían dado la orden de hacerlo para evitar actos de pillaje o que la gente se retirase sin pagar.
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