Parlamento Europeo pide que inmigrantes voten en elecciones

El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy un informe en el que pide que se dé a los inmigrantes legales el derecho a votar en las elecciones locales y europeas.

El informe, elaborado por el laborista británico Claude Moraes, fue aprobado con los votos a favor de socialistas, verdes e Izquierda Unitaria y en contra del Grupo Popular Europeo.

El informe parlamentario especifica en uno de sus apartados que se permita "a los nacionales de terceros países con residencia legal en la UE disfrutar de un estatuto que les otorgue derechos y obligaciones económicos, sociales y políticos, incluido el derecho de voto en las elecciones locales y al Parlamento Europeo".

El PPE presentó una enmienda de supresión a este párrafo, que fue rechazada por 209 votos a favor y 238 en contra, lo que llevó a este grupo a desligarse del informe de Moraes.

El PPE recordó que la regulación del voto de los extranjeros es de competencia nacional y en la UE tan sólo Holanda y Suecia tienen regulado el derecho de voto a los inmigrantes de terceros países.

En España, esta posibilidad está regulada en el artículo 13.2 de la Constitución, aunque limita este derecho a los nacionales de terceros países con los que exista un tratado internacional que contemple el derecho de reciprocidad.

Este tipo de acuerdo sólo existe con Chile y Noruega, pero España ha firmado Tratados de cooperación con Uruguay, Venezuela, Argentina y Colombia que contemplan la posibilidad de derecho de voto a sus nacionales residentes en España mediante un acuerdo complementario.

Además, los nacionales de países iberoamericanos pueden alcanzar la nacionalidad española y, por tanto, el derecho de voto con 2 años de residencia (frente al plazo general fijado en diez años).

Hasta ahora, la UE reconoce el derecho de voto en elecciones locales y europeas a todos los nacionales de países comunitarios, en virtud del Tratado de Maastricht.

El eurodiputado español del PPE Jorge Hernández Mollar afirmó que la propuesta era "disparatada" puesto que no se puede otorgar el derecho de voto a los inmigrantes a las elecciones al Parlamento Europeo sin hacerlo a las legislativas, "porque es un voto a una institución que tiene competencias de los propios Estados miembros".

La diputada socialista Anna Terrón respondió a estas críticas diciendo que la "posición histórica" de su grupo es "defender los derechos de los inmigrantes" y para ello "hay que integrarlos".

Señaló que "no hay inconveniente en la Constitución española" para que los inmigrantes voten en las elecciones europeas, y respecto a las nacionales dijo que "hay que abrir el debate".

El informe parlamentario identifica a la inmigración como una parte de la respuesta al envejecimiento demográfico, ya que frente a unos 303 millones de personas que hay en la actualidad en edad de trabajar en la UE de 25 miembros, la población activa será de 297 millones en 2020 y de 280 millones en 2030.

Por ello insta a percibir la inmigración como un recurso valioso para el mercado laboral y considera que una gestión adecuada de los flujos, incluyendo el temporal, puede ser favorable.

Al mismo tiempo debe evitarse valorar la inmigración sólo por su potencial económico y hay que tener en cuenta su dimensión social.

El Parlamento sugiere en su informe tomar ejemplo de la "tarjeta verde" de EEUU para la entrada temporal de inmigrantes, aunque reconoce que compete a cada Estado determinar el número que quiere o puede recibir.

El informe constata las diferencias salariales de los inmigrantes respecto a los nacionales, ya que por ejemplo en Londres son un 29 por ciento más bajos.

Para una mejor integración de los inmigrantes, el PE hace hincapié en la necesidad de conocer el idioma, por lo que sugiere que sean obligados a seguir cursos de lengua, pero que también se les de acceso gratuito a la educación pública y a los servicios de salud.

La Cámara aboga porque se desarrolle un estatuto que permita a las familias redactar un contrato legal con derecho a cobertura de la seguridad social para las trabajadoras domésticas.

Considera, por último, que la UE debe identificar las causas de la inmigración y apoyar el desarrollo de los países de origen.