Revés de Lula: Congreso aprobó investigación

Brasilia (ANSA) - El Senado aprobó ayer, a instancia de un aliado del presidente Lula Da Silva, la creación de una comisión parlamentaria para investigar el funcionamiento de los bingos y las denuncias de que estas casas de juego tienen vínculos con el lavado de dinero y el crimen organizado.

La formación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sorprendió al gobierno de Lula, que trabaja para impedir la convocatoria de otra, impulsada por la oposición para investigar las denuncias contra Waldomiro Diniz, ex asesor del ministro de la Casa Civil, José Dirceu.

El miércoles por la noche, el senador Magno Malta, del Partido Liberal (PL) del vicepresidente José Alencar, reunió 32 firmas de senadores, incluyendo siete del PT, para convocar a la CPI que investigue el funcionamiento de los bingos.

La comisión tendrá como objetivo investigar «la utilización de las casas de bingo para la práctica de crímenes de lavado u ocultación de bienes, derechos y valores, y la relación de las empresas concesionarias de apuestas con el crimen organizado».

Como Diniz está acusado de tener vínculos con los capitalistas del juego ilegal, Magna ya adelantó que el ex subjefe de Asuntos Parlamentarios del gobierno de Lula será uno de los primeros en ser convocados a deponer ante la comisión.

El diario «Correio Braziliense» reveló ayer que las autoridades brasileñas recibieron de la Justicia italiana pruebas de vínculos entre Diniz y representantes de la mafia en Brasil. Según la transcripción de grabaciones hechas por la Dirección Antimafia de Italia, recibidas el miércoles por la Justicia brasileña, la mafia italiana tiene intereses en la explotación de bingos en Brasil junto con el empresario Alejandro Ortiz. Un ex socio de Ortiz, Carlos Martins, acusó ante la Justicia a Diniz, que cuando fue filmado recibiendo dinero para la campaña del PT era presidente de la Lotería de Rio de Janeiro, de defender los intereses del empresario ante el gobierno. Cuando Diniz entró al gobierno, como asesor de Dirceu y responsable de las relaciones entre el gobierno de Lula y el Congreso, «pasó a defender los intereses de Ortiz en el Congreso y en el gobierno», dijo Martins a la Justicia.