Como defensa ante sus detractores en un contexto de escalada generalizada de la violencia, el gobierno nacional muestra cifras récords en lo que respecta al combate del crimen organizado y el tráfico de estupefacientes, sosteniendo que se desarticularon 1.152 "bocas" de pasta base en el año 2021, y un total de 2.200 desde la llegada al poder. Solo en 2021 se incautaron 1.196 kilos de pasta base, se indagó a 4.673 personas, y finalmente se condeno a unas 1.465. El decomiso de dinero, por su parte, llegó hasta casi 17,5 millones de pesos (unos 425 mil dólares), y otros 743 mil dólares en efectivo.
Las posturas más criticas a la gestión en seguridad del gobierno aseguran que las bocas de pasta base, son el eslabón más débil, y por tanto, la superficie de un entramado más complejo, y que el atacarlas sistemáticamente no cala profundidad alguna. Consultado sobre estos operativos el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró que "cada vez que cerramos una boca, los otros delitos bajan". Con un octubre que dejó 38 homicidios y un incremento del 39%, el gobierno lo contempla como un "lamentable" efecto colateral del plan de combate, por disputas entre bandas criminales, ya que al circular menos dinero y droga, y verse reducidos los puntos de venta, "se disputa mucho más duramente el territorio".
Con seis grandes distribuidores de droga identificados, y unas 45 bandas en el área metropolitana, el gobierno busca elementos de prueba para poder caer con todo el peso de la ley, ya que reconocen que pueden golpear a la distribución, pero el tema se complica a la hora perseguir a los grandes responsables, ya que generalmente ni siquiera viven dentro del territorio nacional, ni se reúnen las pruebas suficientes para poder acusarlos. Según relevaron las recientemente creadas brigadas antidroga en Canelones y Montevideo, cada una de las 45 bandas tienen al menos el control de 3 bocas de pasta base, algunas llegando incluso a las 20.
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