ARA San Juan: investigan proceso de compras irregulares y Ministerio de Defensa del gobierno de Macri en la mira

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Las medidas apuntan al sistema COMPR.AR, mediante el cual se sugirió la pre-adjudicación a una firma española que no reunía los requisitos para la búsqueda del submarino ARA San Juan.

La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó diversas medidas relacionadas con el portal de compras públicas durante el gobierno de Mauricio Macri y las irregularidades en el trámite de la pre-adjudicación a una firma española que no reunía los requisitos para la búsqueda del submarino ARA San Juan cuando había desaparecido. El contrato finalmente se anuló, pero la búsqueda de la nave se demoró.

Las medidas apuntan al sistema COMPR.AR, mediante el cual se sugirió la pre-adjudicación de Igeotest Geosciences SL para la búsqueda del submarino ARA San Juan cuando estaba desaparecido.

En un oficio dirigido a la Subsecretaría de Innovación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la jueza pidió información que apunta al Ministerio de Defensa entonces a cargo de Oscar Aguad relacionada con la contratación irregular a Igeotest, que terminó anulada.

La jueza quiere saber “si constan pedidos del Ministerio de Defensa de la Nación a la empresa pre adjudicada o viceversa para que se subsanen faltantes, errores y/o se aporte mayor documentación; y si en el marco de esa contratación se permitió la presentación de documentos en mano y sin digitalizar”.

La denuncia había sido realizada por la abogada Valeria Carreras quien señaló supuestas inconsistencias en la documentación societaria de la firma preadjudicada. La letrada aseguró que los datos societarios de la firma que se presentaron difieren de los correspondientes a los que fueron presentados en la instancia previa a la adjudicación.

La jueza Capuchetti pidió a la Subsecretaría de Innovación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe “la totalidad de tickets y movimientos realizados en la plataforma COMPR.AR respecto de la oferente ganadora en la pre adjudicación objeto de la contratación directa por urgencia N°04/18”.

Pidió individualizar cada uno de esos tickets y movimientos; el responsable del manejo de la página COMPR.AR al momento de llevarse a cabo la citada contratación, debiéndose individualizar, además, los usuarios que en ese momento tenían acceso a ese pliego”.

También quiere determinar si la plataforma COMPR.AR permitía realizar a los oferentes el ingreso de información con fecha posterior al cierre de ofertas.

Por esos hechos se había procesado a cuatro miembros de la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa pero luego recibieron una falta de mérito.

Los funcionarios habían sido acusados de omisiones al aplicar la ley al preadjudicar a la firma española del empresario Marcelo Devicenzi, que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.

El 1 de junio de 2018, los cuatro recomendaron la adjudicación a los españoles. Pero según la denuncia, la empresa no estaba en condiciones para acceder al contrato.

Entre las irregularidades, expuestas en el expediente, figura que "el número societario de la empresa española Igeotest Geosciences SL preadjudicada, no coincidía con el número de registro" y que "la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española Control y Prospecciones SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017".

La causa se inició el 13 de junio de 2018 por denuncia de la abogada Valeria Carreras contra los integrantes del ministerio a cargo de Oscar Aguad, de la Oficina de Contrataciones por la "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública".

En su presentación, Carreras expuso distintas irregularidades acontecidas en torno a la contratación directa (por razones de urgencia) para la búsqueda del buque sumergible de mención, iniciada por el Ministerio de Defensa de la Nación a través de un concurso internacional de ofertas.

Finalmente el Gobierno de Macri otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity.

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