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Se buscaba dar una vuelta de página respecto de anteriores conductas perniciosas. En efecto, en el pasado se ha ignorado sistemáticamente a los cumplidores y se premió siempre a los morosos y a los evasores, con moratorias, condonaciones de deudas, quitas o mecanismos similares que, invariablemente, terminaban licuando la deuda en detrimento de las arcas fiscales.
Cuando el oficialismo sintió que la presión de los vecinos frente a la propuesta de la oposición podía tornarse insostenible, y tratando de obtener réditos políticos, usufructuando una idea en la que nunca, realmente, habían creído, presentó su propio proyecto de bonificación. Menos agresivo en el monto del premio, pobre en cuanto a coraje político para llevar adelante reformas estructurales y mezquino en cuanto a compartir con el vecino la mejora en las arcas fiscales; el proyecto del gobierno era una pálida y mala copia de la propuesta del macrismo.
Así la cosas, con dos proyectos en juego, se trató de consensuar una ley que, aun apartándose de las máximas aspiraciones del bloque opositor, se orientara, al menos en lo conceptual, en el sentido de la propuesta original. Finalmente, se votó un proyecto de consenso que, básicamente, y entre otras cuestiones, recortó la bonificación de 15% ( propuesta original de la oposición) a 10%.
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