A punto del divorcio con Ibarra

Raras fotos protagoniza Aníbal Ibarra. Por ejemplo ayer, se sacó una, durante un tardío brindis del Día del Periodista, junto al único secretario kirchnerista de su gobierno, Héctor Capacciolli. El funcionario, antes de acercarse al foco, amenazaba con que su permanencia en el gobierno dependía de los próximos pasos de Ibarra respecto del cuarto oscuro del octubre. En el Salón Blanco del Palacio Municipal estaban casi todos los ministros del Gobierno porteño, quienes disputan una sorda interna. Algunos, más aferrados al jefe de la Ciudad, le endilgan que siga sosteniendo al kirchnerismo que lo critica en público cuanto puede. Una porción menor,en cambio, considera que los mandatos de la Casa Rosada deben ser cumplidos, que el ibarrismo no tiene que pensar en participar de listas electorales y llamarse a silencio. Esos son los que adhieren a la postura de la senadora Vilma Ibarra, concentrada ahora en el Partido de la Victoria, una kirchnerista confesa, que de todos modos tiene para esa actividad el guiño de su hermano. • Retirada Los otros son los que reniegan de la sentencia de sus socios políticos: «Si el ibarrismo decide colgar una lista de candidatos a legisladores que apoye a Jorge Giorno o a Norberto La Porta, se dará la ruptura definitiva», explicó Capacciolli, un hombre de la mayor confianza y obediencia de Alberto Fernández. Lo cierto es que algunos adherentes al PJ Capital que conduce ahora el jefe de Gabinete nacional comenzaron la retirada. Lo hizo una peronista de no gran jerarquía en el organigrama, Mara Brauer quien reportaba a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de la ibarrista Gabriela Alegra, una de las nombradas para una eventual candidatura a legisladora porteña, frustrada actualmente por el veto presidencial para conformar listas. Ibarra está más expectante hoy al avance de la causa judicial que a la posición que van tomando dentro de su propio gobierno los kirchneristas. Por caso, el propio Capacciolli acudió en persona el miércoles a la Legislatura porteña con la consigna albertista de frenar la sanción de la ley de comunas. Esa norma impone distritos en la ciudad que deben tener sus propias autoridades electas. Toda una tentación para la troupe de caciques políticos multicolor. Es que Capacciolli es el secretario de Descentralización, precisamente, y controla a los titulares de las 16 oficinas barriales (CGP), con el manejo territorial que la facilidad de nombramiento por afinidad le concede. En realidad, el kirchnerismo al rechazar la sanción de esa norma, puso freno a la posibilidad de que las autoridades de juntas se votaran este mismo año, en octubre, como pide el macrismo. De haberse impuesto la fecha para esa elección el mismo día que la votación de diputados nacionales y legisladores porteños, el ibarrismo aspiraba oxígeno que hoy le falta. Le permitía conformar alianzas al menos en la tercera sección de la papeleta, disimulando a los propios con apoyo a otros candidatos. La idea irrita a los kirchneristas que lo quieren «fuera de juego» en la contienda electoral con un pronóstico reservado para después de los resultados de octubre. Por ahora, la retirada en bloque de los adherentes al gobierno nacional que ostentan cargos en el porteño es una instancia que se reservan de los dos lados: la retirada golpeando la puerta como castigo al jefe de Gobierno para unos; el castigo del jefe de Gobierno por el desaire permanente, para el otro. El desenlace parece tenerlo hoy el juez Julio Lucini, quien lleva el caso Cromañón, que debe resolver si cita a indagatoria al ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López (ver vinculada), lo que se ve como un paso previo para la citación al propio Ibarra.

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