Juan José Alvarez, el nuevo secretario de Justicia y Seguridad de la Capital Federal, tras la tragedia del 30 de diciembre, viene poniendo en evidencia la falta de controles anteriores en la Ciudad. Impactaron sus operativos, pero ahora quiere también reemplazar casi completamente a funcionarios y contratados de su área, que suman más de 500. Al desafío de intentar controlar una ciudad contraventora suma ahora el de desalojarle a Aníbal Ibarra una secretaría que concentra porciones políticas variadas: resto de radicalismo, ibarrismo puro y kirchnerismo. Ya encuentra algunos frenos para ese despliegue que quiere encauzar mañana, mientras crece el temor de que se agreguen a la conmoción por los muertos también pujas políticas. El plan técnico apunta a llevar expedientes electrónicos, purgar el área de inspectores y crear la Justicia Vecinal porteña, pero lo más polémico será cuando trate de imponer que cargos políticos como las direcciones generales se designen por concurso.
Alvarez y su troupe se proponen en cuatro meses desarrollar un acelerado plan de reforma en todo lo que es el tema habilitaciones y verificaciones;
Uno de los propósitos es terminar de informatizar el área y lograr los expedientes electrónicos y las consultas a los mismos por Internet para todo lo referido a habilitaciones e inspecciones de locales.
Precisamente, los 190 inspectores con que cuenta ahora la Ciudad serán también puestos bajo la lupa uno a uno, aún cuando están participando de los estridentes operativos de control lanzados esta semana. Esa tarea está a cargo de
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