La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que el pedido de inconstitucionalidad del memorandum firmado con Irán por la causa AMIA debe recaer en el Juzgado de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal Número 6, cuyo titular es el juez Rodolfo Canicoba Corral.
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La decisión se produjo luego de una presentación realizada por la AMIA y DAIA, en la que denunciaron "denegación de Justicia" y le pidieron a la procuradora que dictaminara ante la Corte sobre qué juez debe resolver el planteo de inconstitucionalidad sobre el acuerdo de entendimiento firmado con Irán.
De acuerdo a Gils Carbó, no hay necesidad de que intervenga la Corte Suprema de Justicia en la disputa, ya que "en esta oportunidad no se había configurado una controversia jurisdiccional".
Para justificar su decisión, la titular del Ministerio Público Fiscal explicó que la ley "prevé que los conflictos de competencia habidos entre jueces nacionales de primera instancia deben ser resueltos por la alzada de que dependa el juez que primero hubiese conocido".
Ante el pedido de inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad de la ley 26.843 y del memorándum entre Argentina e Irán por la causa AMIA, la jueza subrogante del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, María Alejandra Biotti, se había declarado incompetente y la había remitido a Canicoba Corral.
Según argumentó la titular del juzgado, debía ser el magistrado quien se encargara de tomar la causa, ya que era el que había estado en la pesquisa del atentado.
En agosto, el magistrado no aceptó la competencia atribuida y devolvió las actuaciones a la jueza, aclarando que si Biotti no compartía sus argumentos, debía dar por trabada la contienda negativa de competencia y elevar el expediente al tribunal superior correspondiente.
"Estamos ante un claro e inadmisible caso de denegación de Justicia, circunstancia que se agrava todavía más, si se contempla la evidente trascendencia institucional del caso", había indicado el escrito presentado por el abogado de las entidades judías, Miguel Bronfman.
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