El juez federal Rodolfo Canicoba Corral pidió a la Corte Suprema de Justicia que defina qué magistrado debe resolver el pedido de inconstitucionalidad sobre el memorándum de entendimiento que el Gobierno firmó con Irán por la causa AMIA.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Así lo hizo al girar al máximo tribunal el expediente iniciado por la denuncia de las entidades judías AMIA y DAIA, representadas por sus titulares, Guillermo Borger y Julio Schlosser, respectivamente, para que resuelva si debe ser él o la Justicia contencioso administrativo la se pronuncie al respecto.
En su resolución, Canicoba Corral recordó que más allá de que en el planteo se pidió la declaración de inconstitucionalidad del memorándum, también se requiere que se inste al Poder Ejecutivo a frenar las negociaciones diplomáticas con Irán en ese sentido.
Inicialmente, el planteo fue presentado ante la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Federal 5, a cargo de María Biotti, quien se declaró incompetente y lo giró a Canicoba Corral.
Pero éste había hecho lo mismo hasta que la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario determinó que él sea quien debía tramitar el planteo, que busca frenar el acuerdo firmado por el Gobierno con Irán para interrogar en Teherán a los acusados iraníes del ataque a la sede de la mutual judía de 1994, que dejó 85 muertos.
Para Canicoba Corral no está claro que la competencia sea resuelta por la Cámara: "La cuestión de competencia suscitada entre el fuero contencioso administrativo y el fuero criminal y correccional federal debe ser resuelta por el único tribunal superior común, que es la Corte Suprema de Justicia, en particular en un proceso de la trascendencia institucional como el presente y en salvaguarda de posibles nulidades", señaló el magistrado.
Además, Canicoba Corral cuestión que este planteo quede a su cargo al tratarse él del magistrado que ya investiga el atentado a la AMIA.
"Resulta clara la intervención del máximo tribunal a fin de evitar que, una incorrecta aplicación legislativa con posibles consecuencias nulificantes, desemboque en una efectiva privación de justicia", consideró el magistrado.
Y agregó: "Ello, en consonancia con la doctrina del más alto tribunal en cuanto a que es su misión indeclinable la de velar por los principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia y por el control del cumplimiento de las disposiciones que regula la Constitución Nacional".
En consecuencia, el juez resolvió "no aceptar la competencia en razón de la conexidad atribuida" y que la Corte Suprema "resuelva la presente contienda", para que el juez que sea designado defina sobre el pedido de inconstitucionalidad.
