La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desconoció la designación de dos fiscales generales ante esa instancia, en línea con el amparo que frenó los 16 nombramientos ordenados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
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La Providencia de la Cámara divulgada por el CIJ recuerda que el 6 enero pasado Gils Carbó comunicó la firma de la Resolución 3270/14 por la cual se "habilitó las Fiscalías General número 4 y 5 a partir del 2 de febrero de 2015" y se designó en "carácter de subrogantes para actuar ante esa Cámara" a los fiscales Sandro Abraldes y Fernando Fiszer.
Pero el tribunal destacó que "deberá estarse" a lo dispuesto el 9 de enero por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien dispuso una "medida precautelar" que frena la designación de 16 fiscales por parte de la Procuración. La medida adoptada por el magistrado hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado Mauricio D'Alessandro, diputado bonaerense por el Frente Renovador.
La decisión de la Cámara de Apelaciones cumple con lo establecido por Lavié Pico y admite la "suspensión de todas las resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación, en el marco de su función administrativa, vinculadas a las designaciones efectuadas en las Fiscalías creadas mediante la ley 27.063", tal como señala el fallo del juez.
La ley que allí se menciona es la que estableció la reforma del Código Procesal Penal y en la que la Procuradora se basó para realizar las designaciones, que tenían fecha para concretarse el próximo 2 de febrero. En la resolución, Lavié Pico explicó que la reciente reforma del Código previo a su implementación contempla algunos aspectos como ser la capacitación de personal para cubrir la creación de las nuevas fiscalías, y que el mismo "entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente".
Sin embargo, desde la Procuración aseguran que Gils Carbó actuó en cumplimiento de la normativa, que determina la necesidad de establecer los nuevos cargos para la aplicación de la competencia específica del Ministerio Público Fiscal, que debe expresamente designar a los fiscales para que pueda operar el nuevo Código Procesal Penal.
En la resolución judicial, que lleva la firma del presidente Juan Esteban Cicciaro, la Cámara aclaró que si bien busca ordenar el proceso desde febrero, cumplirá el fallo de Lavié Pico "sin perjuicio de lo que pudiere resolverse a partir de la acción de amparo que formulara la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que entre otras, involucra la referida Resolución Nº 3270/14". Ese planteo todavía está por resolverse.
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