Un acta firmada entre sindicalistas y funcionarios porteños terminó ayer con el conflicto entre el gobierno de Mauricio Macri y los empleados municipales. Los gremialistas le concedieron, con acuerdo rubricado, todo lo que Macri podía esperar. Desde la cesantía de los 2.300 contratados que no será revisada hasta la llamada «movilidad» de los trabajadores que hasta ahora había sido un imposible para los anteriores mandatarios de la Capital Federal.
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Sólo una cláusula del acuerdo puede interpretarse como una ganancia, relativa, para los municipales, que es la que propone la revisión de todo tipo de contratos de empleo en la Ciudad de Buenos Aires, que se haría en conjunto entre el Gobierno y el sindicato.
Pero ese primer punto no contiene a los 2.300 despedidos que reportaban bajo el sistema de contratos de empleo público que vencieron el 31 de diciembre pasado y cuyo desplazamiento terminó siendo aceptado.
Para el gobierno macrista, el acta que logró hacerles firmar a los sindicalistas en una reunión de la que no participaron los principales caciques gremiales -Amadeo Genta y Patricio Datarmini- significa no sólo haber ganado la batalla que desencadenó con los despidos y la intervención de la obra social, sino una bocanada de alivio para los cuatro años de mandato que tiene por delante.
El lunes, Sutecba decidió levantar un paro que comenzaba ayer y se prolongaba hasta mañana tras una entrevista entre Genta y Macri que resolvió plasmar en un acta lo que venían conversando durante el fin de semana interlocutores del Gobierno y del sindicato. Pero hoy, de todos modos, el otro sindicato que agrupa a estatales en el distrito porteño, ATE, tiene previsto cesar las actividades y movilizarse hacia la Jefatura de la Capital Federal, para insistir en la defensa de los contratos caídos.
El acuerdo fue firmado por el subsecretario de Trabajo, Jorge Ginzo, el director general de Recursos Humanos, José Ohrnalian, y los gremialistas Alejandro Amor, Genaro Trovato y Enrique Pistoletti.
La reunión se extendió no más de una hora en lo que se refirió específicamente al acuerdo. Tanto de una, como de otra parteestaban ya al tanto de lo que se iba a tratar. A los gremialistas se lo habían comunicado sus interlocutores, y el propio Amor fue quien el día anterior ajustó la letra del acta con el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.
Análisis
En el primer punto del acta se contempla que «las partes analizarán detalladamente las prestaciones de todo el personal que se encuentra amparado por las figuras previstas como contrato de trabajo en todas sus modalidades vigentes» y que «todo aquel que no esté realizando un trabajo útil para el vecino no será renovado». En esos renglones en que los sindicalistas creen haber ganado algo, como es participar con el Gobierno en revisar los 18.000 contratos que quedan, es donde piensan pedir también que se muestren las llamadas locaciones de servicios que tienen a su cargo los ministros.
En el segundo punto del acta, se estableció la transferencia al RAD (Registro de Agentes en Disponibilidad), que es un programa en el que los empleados padecen una suerte de stand by hasta que se capacitan para ejercer otras funciones. El documento dice que los empleados que se «transfieran al RAD serán incorporados a los programas de capacitación que se implementen a los efectos de su reubicación laboral» y que «será obligatorio participar de los programas de capacitación». Por ejemplo, en el área de Control Comunal fueron pasados a «disponibilidad» unos 60 inspectores en función de la creación de una agencia. Ese personal sigue percibiendo sus salarios, pero no desempeña una función.
El tercer punto es quizá tan costoso para el gremio municipal como el despido masivo que concretó Macri. Asegura el acta que «la movilidad del personal entre las distintas dependencias podrá realizarse atendiendo las razones de organización e índole operativa que así lo determinen. Deberá tenerse en cuenta la experiencia y la formación del personal al momento de realizarse la transferencia». Hasta ahora, el personal de un área no podía ser trasladado a otra dependencia, excepto con un acuerdo con el empleado, y la no movilidad constituía una de las reivindicaciones de los municipales, una cuestión que en ocasiones traba decisiones ya que pueden quedar desactivadas oficinas que no tienen más razón de ser, pero no mover a su personal.
El cuarto ítem se refiere al censo que había propuesto Macri y se estipula que será «a partir del 1 de marzo de 2008» y «de todo el personal», es decir, contratados y planta permanente, que incluye a médicos y docentes.
También fue acordado un programa de jubilación «para aquel personal que reúna todos los requisitos necesarios para acceder a este beneficio previsional», que contemplará que se incorporen las cifras no remunerativas del salario para que sumen a los haberes de los pasivos.
Por último, «se promoverá el desarrollo de la carrera y la capacitación del personal».
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