Ciccone: Ministerio de Justicia será querellante en una causa paralela en la que están involucrados sus funcionarios

La Sala I de la Cámara Federal le otorgó al Ministerio de Justicia el rol de querellante en una causa en que se investiga a funcionarios bajo su área, por la pérdida de documentación clave en la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el caso Ciccone.

También en poder de la jueza María Servini de Cubría, por una denuncia de la diputada Elisa Carrió se investiga la supuesta implementación de un "cepo informativo" que se habría impuesto para proteger al Vicepresidente Amado Boudou, procesado en el caso Ciccone por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Ambas causas comprometen a funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia, y Servini de Cubría por ello había rechazado ser querellante lo que le da la posibilidad de acceder a la causa, acusar y sugerir medidas de prueba.

Pese a lo contradictorio que parecía, la Sala I de la Cámara Federal con la firma de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, le otorgó al Ministerio de Justicia el rol de querellante.

La causa por la desaparición del expediente se originó por información publicada por La Nación, y luego la jueza Servini de Cubría emprendió una investigación en una denuncia que apunta contra Alak; Boudou; el titular de la IGJ, Norberto Carlos Berner, y su antecesor, Marcelo Mamberti.

La pérdida fue en marzo de 2012 de unos tres expedientes en la IGJ, sobre la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone) ; London Supply, la cual aportó dinero para el levantamiento de la quiebra que pesaba sobre la empresa; y del fondo The Old Fund, el cual intervino en el proceso de compra.

Por la extravío de la documentación, el Ministerio había replicado con una denuncia contra la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, quien es ahora asesora de la diputada Margarita Stolbizer y declaró como testigo en la causa Hotesur a cargo de Claudio Bonadio.

La otra causa es por una denuncia de la diputada Carrio y se investiga un supuesto plan para proteger a Boudou cuando estalló el escándalo Ciccone, y con ese fin se habría impuesto un "cepo informativo".

Servini de Cubría había negado al Ministerio ser querellante, pues consideró que era contradictorio en función que funcionarios bajo su órbita está en la mira.

Pero los camaristas Freiler y Ballestero consideraron que el artículo 4 de la ley 17.516 prevé que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública".

Los jueces advirtieron que no se debe confundir entre "la función pública ejercida por el Ministerio con los funcionaros que pudieran representarlo", y rechazaron, como había fundado Servini de Cubría, la "existencia de un riesgo para el fructífero devenir de la investigación sin indicar un motivo concreto".

Por su parte, Eduardo Farah, tercer integrante de la Sala I, votó en disidencia. "La calidad de querellante solicitada resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado", concluyó. Además, en su voto recordó que justamente hay funcionarios del Ministerio de Justicia investigados.