El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó el Gobierno porteño por no intervenir con la Policía Metropolitana en la construcción de un refugio en el medio de la Plaza de Mayo.
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El funcionario aseguró que las autoridades capitalinas son "hábiles" para lograr que el juez federal Claudio Bonadio desplace a la Metropolitana a la localidad de Bragado por una causa de narcotráfico o a Río Gallegos para hacer múltiples allanamientos, pero que "no son hábiles para la tutela del especio público" en el microcentro.
En el habitual contacto con la prensa en la Casa de Gobierno, aseguró además que la administración comunal que encabeza el candidato presidencial Mauricio Macri "debió poner orden" el miércoles por la tarde, cuando los que reclaman un beneficio del Estado comenzaron a construir en pleno paseo histórico, y que "suena a comodidad y oportunismo" el no haber intervenido.
La polémica comenzó el miércoles a la mañana cuando un grupo de exsoldados movilizados por la guerra de Malvinas decidieron levantar una casa de ladrillos y cemento para formalizar el campamento que mantienen hace siete años. Los exmilitares continentales reclaman al Estado nacional el reconocimiento de excombatientes, aunque no haya participado del frente de batalla contra los ingleses en el archipiélago.
En ese marco, el jefe de Ministros advirtió que solamente "quienes participaron de la acción bélica" de 1982 tienen "derecho a reclamar" un resarcimiento. Fernández recordó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se estableció que "para que se acceda al beneficio, solamente los que participaron de la acción bélica pueden reclamar, no importa el lugar en el que esté" durante la guerra, y por tanto concluyó que "si no participó, no se tiene derecho a ningún reclamo".
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó que la Argentina tiene una ley de reconocimiento de excombatientes que presenta tres requisitos: temporalidad, territorialidad y funcionalidad. "La temporalidad implica haber estado en 1982; la territorialidad, lo exige en el lugar de los hechos, en este caso Malvinas y la funcionalidad haber entrado en combate. Los movilizados no cumple dos de los tres requisitos de la ley, por lo tanto, no son considerados excombatientes", agregó.
En el momento de la guerra en el Ejército argentino prestaban servicios unas 250.000 personas. Unos 22.000 son veteranos y reciben una contribución por su desempeño. Desde el Gobierno nacional rechazan el reconocimiento para el grupo de 60 campamentistas porque entienden que si ellos logran una pensión remunerativa otros 228.000 tendrían el derecho a presentarse a reclamarla, incluso, decenas de represores enjuiciados o condenados por delitos de lesa humanidad.
En sintonía, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que "la responsabilidad de la toma del espacio público es responsabilidad de la Ciudad, y en siete años no se han hecho cargo".
"No podemos permitir que se siga ocupando el espacio público, y el que es responsable de esto que es la Ciudad mira para otro lado", lanzó Berni en diálogo con Radio 10.
