Mientras todos los focos estarán apuntando al Congreso por el tratamiento del acuerdo con el FMI, habrá otro partido que se jugará en un tablero distinto, pero también por dinero. El jueves a las 11, la Corte Suprema llevará a cabo una audiencia privada de conciliación entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación que motivó una demanda, cuyo resultado también puede tener proyecciones político-electorales. La reunión será a puertas cerradas y presidida por los cuatro ministros del máximo tribunal. Por oficio, fueron invitados el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que podrán asistir junto a quienes ellos designen para tratar de entablar negociaciones, con el trasfondo de un expediente judicial en el que la Corte actúa como máximo intérprete constitucional pero también como una suerte de juzgado de instrucción por diferencias entre Estados. De ese cónclave pueden surgir soluciones alternativas, puntos de negociación, o bien mantener las posiciones lo que desembocará en un fallo cuya decisión será uno de los grandes interrogantes del año.
Pese a ser de conciliación, la Corte no oficiará como “mediadora” porque la convocatoria se da en el marco de la demanda CSJ 1865/2020 “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad - cobro de pesos”, que incluye la presentación con la que Rodríguez Larreta reclamó una medida cautelar para frenar la decisión del Ejecutivo de revertir parte los puntos de coparticipación que Mauricio Macri le había cedido a la Ciudad. Fue el quiebre político de la armonía de Pandemia. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti asistirán en lo que podría ser un émulo de la realizada en el caso Río Atuel, donde los gobernadores de Mendoza y La Pampa se sentaron a la misma mesa, en la antesala de un fallo que sentó un caudal mínimo para el cauce, ante el reclamo de los pampeanos.
El antecedente cercano por este conflicto que se desató a fines de 2020 fueron dos reuniones técnicas previas que presidió la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Rodríguez Larreta envió a toda su escudería: el procurador general Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño Martín Mura y el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D´Alessandro. Podría repetir el elenco para la cita del jueves. Del otro lado, De Pedro podría asistir acompañado del procurador del Tesoro Carlos Zannini y de quienes considere para la misión. Optar por delegados también es una opción del menú. Pero implica perder la chance de desplazarse sobre la tarima política que la Corte dejó servida con absoluta intencionalidad.
La reunión concita gestualidad propia más allá del conflicto en sí: por sus roles formales terminaron siendo dos “presidenciables” los que fueron citados a cada lado de la mesa. Eso a los ojos de la política. Pero sus presencias (o no) conllevan una señal de respeto institucional hacia la cita que formuló la cabeza del Poder Judicial y su peso específico dentro de las administraciones que integran los colocan además con margen de acción para tomar decisiones. Una de ellas puede ser tensar al máximo las posiciones –como hasta ahora- lo que estirará la definición hasta que haya un pronunciamiento. Como sea, eso es lo que estará mirando la política para los próximos meses. La complejidad de la discusión también está en los montos. La Ciudad fue la única que instaló supuestas cifras del perjuicio a la misma velocidad en la que ideó recuperarlas de los saldos de tarjetas de crédito de cada plástico porteño emitido. También fue la única que planteó (electoralmente) que retraería ese tributo si recuperaba los fondos de Nación. Nada dijo qué haría si recuperase una porción de ellos. Estrategias.
La definición de este caso –que no va atada a la suerte de la audiencia del jueves- representa uno de las pulseadas más importantes por temas de “Caja”, con condimentos de proyección electoral 2023 y donde se pondrán a prueba las estrategias de cada uno de los sectores para moverse, además, dentro de un expediente judicial en la Corte. Si fuese una pelea de Box podría decirse que la Ciudad llega envalentonada por su triunfo en el caso Escuelas donde se llevó bajo el brazo un refuerzo a su autonomía. Pero cómo desechar las chances de Nación cuya colección de fracasos no hace más que impulsar su necesidad de un triunfo.
Cuestiones de “Caja”
Si se toma la perspectiva de la película y no la de la foto, el Gobierno no tendría motivos económicos para quejarse del Poder Judicial. Mayoritariamente, las decisiones que han tomado los jueces acompañan la gobernabilidad que, en momentos de crisis como la actual, están atadas a la sustentabilidad de la “caja”, o más bien, son puestas a pruebas cuando se la golpea. Si bien pareció una respuesta, la orden de pago a Santa Fe por los puntos de coparticipación adeudados no puede ser nunca interpretado como una sorpresa: de hecho fue el fallo con el que con otra conformación se despidió a la administración de Cristina de Kirchner. La Corte vino pateando hacia adelante otros asuntos espinosos y esquivó cualquier caso de estas características durante el pasado año electoral.
Desde algunos despachos oficiales recibieron con beneplácito (y sorpresa) la cantidad de fallos en el que los jueces de jurisdicciones bien diversas dispusieron embargos sobre billeteras digitales que habían sido solicitados por la AFIP, que estrenó normativa en febrero. El primero fue ordenado por un juzgado Federal de la Seguridad Social, en el debut del intento de cobro del fisco de activos que eludían las tradicionales cuentas bancarias, inmuebles, bienes muebles o créditos. Si el objetivo recaudatorio estaba calculado en $24 mil millones, lo cierto es que hasta la fecha se sumaron un centenar de resoluciones judiciales de este tipo, con montos individuales elevados. Caleta Olivia, Paso de los Libres, Mercedes, Bahía Blanca y hasta el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro autorizó a la AFIP a avanzar de manera cautelar sobre un contribuyente moroso.
Señales
También fue una señal que interesó a sectores del oficialismo que saben leer las cuestiones judiciales la reciente decisión de la Corte respecto a la agroexportadora Cargill, en la que no avaló que pudiese reclamar por derechos de exportación a través de un amparo. El precedente inverso hubiese significado un mazazo a las aspiraciones recaudatorias por lo que el fallo (y su significado) fue leído con la misma atención y alerta por parte del mundo empresarial. En esa clave habría que observar el devenir del amparo presentado por la Sociedad Rural en contra de las retenciones. La entidad alegó que el Poder Ejecutivo ya no tiene la facultad para fijar y cobrar retenciones desde el 1 de enero por no contar con la Ley de Presupuesto. El planteo aterrizó en los tribunales cordobeses y más allá de sus posibles alternativas intermedias terminará siendo tratado por la Corte Suprema. La hendija por la que se coló la SRA podría ser un caso de estudio que represente un dolor de cabeza potencial para el Gobierno. Eso si la Justicia no la considera legitimada por no ser el sujeto imponible de la retención. Entre las alternativas que contaba el Gobierno para evitar una catástrofe está la de recurrir al artículo 755 del Código Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto. Ese accionar fue precisamente el validado en el caso Cargill. Guiño, guiño.
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