El diputado Rodolfo Tailhade denunció ante la Justicia a dos altos ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito, ambos creadores de la fundación Cambiar es Posible en Latinoamérica (Cepla).
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El ex secretario general de la Presidencia de Macri, Fernando De Andreis, incrementó su patrimonio casu seis veces en la gestión de Cambiemos.
El diputado Rodolfo Tailhade denunció ante la Justicia a dos altos ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito, ambos creadores de la fundación Cambiar es Posible en Latinoamérica (Cepla).
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Se trata de Fernando De Andreis, ex secretario general de la Presidencia, y de la politóloga Fátima Micheo, quien tenía a su cargo la Subsecretaria de Comunicación presidencial, una dependencia que reportaba a De Andreis y que -según la Thailade- controlaba desde el discurso público del expresidente hasta la estética utilizada en cada puesta en escena.
En la presentación, se advierte que De Andreis comenzó en la gestión pública nacional declarando ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de pesos $2.258.147 y se retiró de la actividad a fines del 2019 con una DDJJ de $13.149.190, resultante de un activo $20.998.923,92 y un pasivo de $ 7.849.733,62, es decir, se que se incrementó un poco menos de seis veces.
El diputado del Frente de Todos detectó la incorporación a su patrimonio de un departamento de 370 metros cuadrados en Barrio Parque el 18 de diciembre de 2018 por un valor de $31.154.880. Para el legislador el valor real de mercado de esa propiedad rondaría los u$s2 millones, casi $120 millones al cambio oficial de 2019.
En tanto, según el escrito al que accedió Ámbito, cuando Micheo ingresó a la Secretaria de Comunicación Presidencial contaba con un patrimonio de $156.837 y a diciembre de 2019 declaró un patrimonio neto de $3.891.776, producto de activos por $6.199.517,84 y pasivos por $2.307.741,79. "En menos de cuatro años su patrimonio creció en más de 25 veces", remarcó el denunciante.
Según Tailhade, la apertura de la pesquisa judicial permitirá probar el incremento patrimonial de los denunciados, que según aseguró no solo es apreciable, sino que además es "desproporcionado" a sus ingresos. Y más teniendo en cuenta que De Andreis y Micheo declararon la compra de costos departamentos. "Los denunciados deben ser intimados a los fines de justificar el incremento de su patrimonio, que les permitió la adquisición de las propiedades inmuebles que hacen referencia en sus declaraciones juradas", señaló.
Lo que le llamó la atención a Tailhade es que los imputados ingresaron a la función pública a muy temprana edad, siendo esta su única actividad generadora de ingresos.
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