No sanaron las heridas entre el Gobierno nacional y el de Córdoba. A los cruces por el envío de gendarmes tras la ola de saqueos que se desencadenó luego del acuertelamiento de los policías provinciales, ahora se suma una nueva disputa, en este caso económica. En rigor, es una puja que la administración cordobesa de José Manuel De la Sota mantiene desde hace tiempo por el monto de coparticipación federal que la Nación debe girar al distrito mediterráneo.
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En ese contexto, Córdoba fue una de las pocas provincias en ausentarse este viernes del acto de la firma de un convenio entre el Estado nacional y 18 gobernadores para refinanciar deudas a cambio de asumir metas provinciales educativas, sanitarias, de servicios públicos y financieras.
"De la Sota hizo observaciones al convenio por mensaje de texto", justificó, escueto y sin dar más detalles, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el faltazo de Córdoba al encuentro en Casa Rosada. Tampoco estuvieron los representantes de La Pampa y San Luis.
Tras la firma del acuerdo, Capitanich brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y los mandatarios de Buenos Aires, Daniel Scioli, de Jujuy, Eduardo Fellner, y de Entre Ríos, Sergio Urribarri.
Scioli destacó que la refinanciación "tienen un impacto positivo en lo económico y lo social". El jujeño Fellner recordó que "este proceso responde a un lineamiento político que trajo Néstor Kirchner a la Argentina, porque cuando habló del desendeudamiento en el mundo habló de las provincias argentinas". Y Urribarri sostuvo que las provincias pudieron crecer "por este federalismo de recursos".
Desde el gobierno cordobés minimizaron la ausencia de De la Sota y la no firma del convenio. Aseguran que el gobernador mantiene fluidos "contactos" con Capitanich por ese tema, pero que busca incluir un acuerdo paralelo por la millonaria demanda entablada en la Justicia contra la Nación. Ese demanda fue presentada por De la Sota en julio de 2012 ante la Corte Suprema de Justicia, donde se deben resolver los litigios entre estados. En ese momento reclamaba $ 1.040 millones de deuda que la Casa Rosada mantiene con la provincia por la Caja de Jubilados.
La querella se presentó para paliar el rojo de la Caja, pero no incluyó el pedido de que la Nación devuelva a Córdoba el 15 por ciento de coparticipación, que, como el resto de las provincias, cedió para sostener el sistema jubilatorio nacional cuando éste fue privatizado. Si se suma ese reclamo, la deuda ascendería a $ 2.800 millones.
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