Definen hoy con qué ley lo juzgarán diputados a Ibarra

Una nueva pulseada entre macristas y oficialistas se dará hoy en torno al juicio político contra Aníbal Ibarra, en el seno de la sala que actuará de juez en la Legislatura porteña. Aunque todavía no empezó efectivamente el juzgamiento, la puja ya gira en las preliminares con respecto a cómo deberán actuar en esta instancia que nunca se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires. Recién hoy está previsto que quede formalmente constituida la sala de juzgamiento en la Legislatura porteña, que tiene en sus manos las acusaciones contra Aníbal Ibarra, suspendido en sus funciones el 15 de noviembre pasado. Sin embargo, no hay certeza sobre si será ésa la sala que decidirá si Ibarra es condenado con la destitución por mal desempeño de sus funciones en torno al caso Cromañón o absuelto. Tampoco está decidido cómo funcionará ese grupo de diputados, que hoy por la tarde, con la asistencia del titular del Tribunal Superior de Justicia porteño, Julio Maier, como presidente, se abocará a intentar resolver alguna de esas dos cuestiones. • Fiscales Luego de esas definiciones, entonces podría decirse que comenzará en la práctica el juicio político a Ibarra. Si una vez que los quince legisladores y Maier se entrecrucen con bibliografías y jurisprudencias variadas llegan a un acuerdo, podrían ser notificados los tres diputados que deberán actuar de fiscales del caso y sostenerlas acusaciones contra el jefe porteño ante los juzgadores. Una de las estrategias que plantearán hoy los diputados durante su primera reunión formal es qué norma utilizarán para funcionar, lo que de por sí será un debate al que no llegarán con un acuerdo previo: • Una de las ideas es tomar el Código Procesal Penal como norma supletoria, algo que sugirió Maier, y aplicarlo para juzgar al jefe de Gobierno porteño, algo extraño cuando se trata de un procedimiento político. • Los macristas, en cambio, se inclinarían por proponer que se dicte un reglamento para la sala. • Sería por demás curioso que Maier participara en la redacción de ese reglamento o de la decisión acerca de qué norma se usa, ya que, en un caso hipotético de que el titular del Tribunal Superior fuera sometido a juicio político, sería esa misma sala la que lo juzgue. Es decir, no debería participar de la redacción de un reglamento que podría aplicarse para su propio juzgamiento. • De ese modo lo entienden algunos legisladores, que bucean en todo tipo de antecedentes internacionales, otra curiosidad. Es raro que a ninguno de los diputados, hasta ahora, se le haya ocurrido utilizar el reglamento de juicio político del Senado, que en la materia supera sin duda a la Legislatura porteña. • Llama más la atención que ni los kirchneristashayan recurrido a la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Cámara alta, Cristina Kirchner, para que les transmita alguna experiencia, o bien los ibarristas -a pesar de los rencores-, a la hermana del jefe porteño, Vilma Ibarra, con destreza en ese tema. • En ese sentido, el reglamento del Senado en lo que difiere es en los plazos, lo único claro en la Legislatura porteña: cuatro meses de juicio como máximo. En cambio, en la Cámara alta no existe juicio a término. • Otra de las inquietudes que podría resolver la norma del Senado es un reclamo de los familiares de las víctimas de Cromañón, que quieren presenciar los debates. «El tribunal procederá inmediatamentea deliberar en forma secreta si son ciertos los cargos que se imputan al acusado», sentencia la norma que usan los senadores. • Muchos diputados consultaron durante el fin de semana el caso Bill Clinton, cuyo juzgamiento por el Senado norteamericano también recayó en medio de un cambio de bancas, pero continuaron los nuevos legisladores el proceso. Claro que quienes consultan la jurisprudencia estadounidense, en definitiva modelo que siempre siguió la argentina, encontrarán algunas diferencias con la usanza porteña. Allí, un juicio político demanda el día a día de los integrantes de las comisiones, de lunes a sábado. Sólo está exceptuado el domingo, muy diferente de iniciar un juicio una semana después de haberse resuelto su comienzo.

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