27 de agosto 2014 - 21:12

Duras críticas de la oposición y economistas al proyecto de ley

Hubo consenso entre los opositores y los economistas que expusieron en que el proyecto no es viable.
Hubo consenso entre los opositores y los economistas que expusieron en que el proyecto no es viable.
Durante la jornada en la que hubo algunos chispazos entre los ministros y senadores de la oposición en el plenario sobre el proyecto de ley que cambia el lugar de pago a bonistas al tiempo que hubo total coincidencia entre los legisladores de la oposición y los economistas citados al Salón Azul en la negativa la iniciativa del Gobierno por los fondos buitres.

El titular del bloque de la UCR en el Senado, Gerardo Morales, adelantó que sus legisladores no votarán a favor de la ley de pago soberano de la deuda que reclama el Poder Ejecutivo al Congreso y advirtió que el radicalismo "no quiere ser copartícipes de otro fracaso".

Morales justificó que no acompañarán la iniciativa en el recinto en las atribuciones que ya otorga al Gobierno nacional la ley 26.886 sobre la reestructuración de títulos públicos, promulgada el 20 de septiembre de 2013. "No necesitan la (nueva) ley, tiene los prospectos para salvarnos del fracaso, que nos han puesto ustedes mismos. La espada de Damocles ya nos cayó en la cabeza", señaló el legislador jujeño en el debate del plenario de comisiones.

"Ahora vienen con esta situación si votamos a favor o en contra, nos dicen que somos buitres, y nos van a echar la culpa. Ustedes tienen las herramientas, háganse cargo, han fracaso la última etapa del manejo de la deuda", completó el senador radical.

"La 26.886 les marca hagan esto, no hagan aquello, y dice que no hay que pagar el 100% a los buitres", enfatizó Morales. "Han elegido la vía de ir con juicios contra el banco (BoNY), veremos cómo les va", dijo con tono desafiante, y también se dejó de la jurisdicción Nueva York que estableció la firma del acuerdo con la petrolera estadounidense Chevrón y de la jurisdicción de los pactos con el gobierno chino.

En respuesta, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, justificó que es necesaria la nueva normativa que modifica el lugar de pago porque declara ese cambio de interés público. "Hemos venido a buscar que usted y la UCR acompañen el proyecto, no a un concurso de vanidades", afirmó el funcionario, y recalcó que "para hacer los cambios de domicilio necesitamos la declaración de orden público de ese cambio para que lo haga el Poder Ejecutivo, porque son facultades que no tenía en el prospecto".

"Con esta ley estamos previendo cómo actuar, porque no podemos girar los fondos si no tenemos otro banco, porque en el BoNY ya no se puede depositar", aclaró Zannini, y remarcó que "no se obligará" a los bonistas a cambiar de jurisdicción.

Por su parte, el senador del Peronismo Federal Adolfo Rodríguez Saá cuestionó el pago de la deuda al asegurar que ésta es "el monumento más grande a la corrupción y la usura internacional". "Este Gobierno prorrogó la jurisdicción en Griesa y ahora tenemos que pagar los platos rotos. ¿Por qué no nos devuelven la facultad? Formemos una comisión bicameral que se haga cargo de arreglar la deuda interior y exterior de la Argentina", señaló.

En tanto, Fernando "Pino" Solanas, del bloque FAP-UNEN, se pronunció en un sentido similar al de Rodríguez Saá y señaló que el país ya pagó "casi 400 mil millones de servicios de deuda desde la dictadura al presente".

"Qué es esto sino un fracaso", se quejó Solanas, quien defiende la postura de revisar la totalidad de la deuda externa porque la parte contraída por la última dictadura militar es "ilegal".

A su turno los economistas Guillermo Nielsen y Javier González Fraga explicitaron su oposición. Nielsen, exsecretario de Finanzas de la Nación durante la reestructuración de la deuda en 2005, dijo que el proyecto "tiene cosas poco claras" y que "no puede decir en sus fundamentos el tipo de ofensas que pone dirigidas a los Estados Unidos".

Sostuvo también que "no es serio que Nación Fideicomisos vaya a ocuparse de la tarea que hacía el Bank of New York".

González Fraga, por su parte, dijo que le tenía "mucho respeto" a la cláusula RUFO que obliga al país a mejorar el pago a bonistas reestructurados si existe una negociación de ese tipo con otros tenedores.

"Comparto que no debe detonarse la cláusula RUFO", sostuvo González Fraga, aunque luego mencionó que "el gobierno debe terminar con este tema haciéndose cargo" y "no involucrar a la oposición en los riesgos que debe tomar solo".

Por último, el economista Gabriel Rubinstein opinó que "la ley que envía el Ejecutivo no soluciona la dinámica del default y nos va a acercar al desacato".

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