El FpV presentó ley en Legislatura para prohibir el uso de las pistolas Taser

En 2005, la Unión Europea criticó el uso de las pistolas eléctricas Taser y prohibió la importación y exportación de ese tipo de armamento.

El kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para prohibir a la Policía Metropolitana el uso de las pistolas de descargas eléctricas, conocidas como Taser.

Dos días después que el Gobierno de Mauricio Macri consiguió el aval judicial del Tribunal Superior de Justicia para el uso de esas armas, el bloque del Frente para la Victoria impulsa una norma para evitarlo.

El proyecto fue presentado por la jefa de la bancada del FpV, Gabriela Alegre, y busca modificar la Ley de Seguridad Pública. "Es necesario resaltar que dichas pistolas de descargas eléctricas han sido criticadas por organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales", remarcó Alegre al difundir la ley.

La iniciativa plantea que los oficiales de la Metropolitana no puedan portar ni utilizar "armas eléctricas o electrónicas tales como rifles electrónicos, pistolas electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas, así como cualquier otra técnica o instrumento observado u objetado por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas".

"El Comité dictaminó que la aplicación de este tipo de arma contra las personas constituye una forma de tortura, ya que dichas pistolas eléctricas provocan un dolor extremo y en algunos casos pueden provocar la muerte", agregó la legisladora.

Para Alegre resulta "preocupante y alarmante su tenencia por parte de una fuerza como la Policía Metropolitana, que aún no tiene protocolos de actuación probados".

"Hay que tener en cuenta de donde viene nuestro país y la terrible experiencia con las fuerzas policiales, de las cuales, en algunos casos, está nutrida la Metropolitana, por lo que darles un elemento de tortura es una barbaridad", completó.

Además del Comité de la ONU, también la Unión Europea criticó su uso y prohibió en 2005 la importación y exportación de este tipo de armamentos. En tanto, Amnesty Internacional pidió "suspender la utilización y adquisición de pistolas tipo Taser y otras defensas eléctricas".

En 2010 el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) presentó un amparo para frenar el uso de las Taser X26 y logró su objetivo en primera y segunda instancia. Sin embargo, la reciente decisión del TSJ revocó esos fallos y permitió la utilización de las "neopicanas Taser", como las bautizó.

Según informó el ODH, los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que el accionante (titular del ODH, Carlos Pisoni) "carece de legitimación para cuestionar la validez de las resoluciones".

"Creemos que autorizar la compra de la Taser es, de alguna manera, legalizar la tortura en la Ciudad de Buenos Aires", sentenció Pisoni, que hoy se desempeña como subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.

El sociólogo y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia Tecnología y Sociedad, Andrés Pérez Esquivel, coincidió con Pisoni y aseguró que "la insistencia del Gobierno porteño con las Taser tiene que ver con una profunda vocación antidemocrática y un enorme gusto por los negocios".