El sistema instaurado por el decreto presidencial 222 no mereció, por ahora, autocrítica del gabinete o del propio Kirchner. Pero no habría que descontar algunas correcciones de formas. Por caso, los referentes de Poder Ciudadano, una de las ONG más activas, se quejaron de que las impugnaciones pudieran ser objeto de discusión con el candidato a juez supremo recién en el Senado.
En realidad, podrían ventilarse con mayor extensión apenas comienzan a recibirse críticas en el ministerio de Justicia, paso previo a la remisión del pliego al Congreso. Curiosamente, aquellas impugnaciones son las que se repiten, en la Comisión de Acuerdos, y que generalizan el debate, aunque ya en vísperas de aprobarse el diploma y sin dar tiempo al análisis detallado de las respuestas del postulante a sus detractores.
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