Para cumplir con el mandato del Poder Ejecutivo, el kirchnerismo de la Cámara baja se encaminaba a convertir en ley en la madrugada de este jueves el proyecto de Pago Soberano, que plantea reabrir el canje, cambiar la jurisdicción de pago a bonistas y crear una comisión investigadora de la deuda pública.
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La votación se estimaba para las 6.00, luego de haber iniciado la sesión especial pasado el mediodía de este miércoles, aunque el horario podría cambiar de acuerdo a la lista de oradores.
Con superioridad numérica, el Frente para la Victoria se mantenía confiado en convertir en ley el proyecto que la presidente Cristina de Kirchner envió al Congreso a fines de agosto pasado.
Para ese trámite, solo contará con el respaldo de aliados como el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Nuevo Encuentro y el Frente Cívico por Santiago, mientras que votarán en contra la UCR, el Frente Renovador, el PRO, el socialismo, Suma + UNEN y el GEN.
En tanto, se abstendrán Proyecto Sur, Libres del Sur y la Coalición Cívica, que de hecho se ausentará a la hora de la votación, tal como adelantó la diputada Elisa Carrió.
Durante la sesión, los militantes oficialistas participaron activamente en contra de los discursos opositores y entre los más abucheados estuvieron el radical Ricardo Buryaile y el massista Facundo Moyano, que a su vez se cruzó con legisladores del FpV.
También asistieron trabajadores de SMATA, que despertaron el descontento opositor en el inicio del debate.
Al abrir la discusión, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, resaltó que el objetivo de la norma es "demostrar voluntad y capacidad de pago" del país.
Feletti pidió el respaldo opositor, al afirmar que es "necesario que haya un voto masivo" para "defender la automonía del Estado para este gobierno y los que vengan".
Luego, expusieron sus propuestas alternativas la UCR, el PRO, el Frente Renovador, el GEN, Suma + UNEN y Unidad Popular.
En ese marco, el radical Enrique Vaquié evaluó que no se necesita cambiar la jurisdicción para cumplir con los compromisos externos y aseguró que el obstáculo que impuso el juez de Nueva York, Thomas Griesa, debería resolverse con "los instrumentos" del contrato con el Banco de Nueva York (BoNY).
El mendocino explicó que la base del rechazo al proyecto es la facultad de contratar como agente fiduciario al Nación Fideicomiso, ya que está previsto que el agente tiene que estar instalado "en Manhattan o en Columbia y tiene que tener un capital mínimo de cincuenta millones de dólares".
"El problema es que el contrato con el fideicomiso forma parte del contrato con los bonistas y si incumplimos en contrato con el fideicomiso también lo hacemos con los bonistas", subrayó el radical.
Por el massismo, el bonaerense Felipe Solá insistió con el proyecto del FR, que -a su entender- brindaría "soluciones concretas y viables" para los bonistas reestructurados que no pueden cobrar por el bloqueo del juez Griesa, además de "una negociación que incluya a todos los holdouts".
No obstante, Solá evaluó que el próximo vencimiento del 30 de septiembre no se va poder pagar en fecha ni con el proyecto del Gobierno ni con el del Frente Renovador, por falta de tiempo para implementar los cambios administrativos.
El líder del FR, Sergio Massa, arribó al Congreso poco antes de las 21.00, luego de que su ausencia en las primeras horas despertara críticas en el oficialismo.
Por el PRO, el diputado Pablo Tonelli expresó la posición de su partido y señaló: "Lo que debe hacer la Argentina es acatar y cumplir la sentencia, para lo que debe entablar una dura negociación a los efectos de que la forma de cumplimiento minimice el impacto negativo en las finanzas públicas".
El diputado de Suma + UNEN, Martín Lousteau, evaluó que el proyecto oficial "no resuelve el problema, lo agrava" y consideró no facilita "que los tenedores de deuda reestructurada puedan cobrar, sino que permite que el funcionario pueda pagar".
"Nación Fideicomisos no cumple con los requisitos establecidos en el contrato para ser agente fiduciario porque se necesita tener un patrimonio de 50 millones de dólares, cuando en realidad cuenta con 14 millones y ni posee oficinas en el condado de Manhattan", advirtió.
Por su parte, el diputado Claudio Lozano, de Unidad Popular, se mostró en desacuerdo con la estrategia del Gobierno, pero afirmó que "hay que tener todas las herramientas para combatir el fallo, que es incumplible, inaceptable e impagable".
Lozano anticipó que acompañará al momento de votar en particular el artículo 12 del texto oficial, que plantea la creación de la comisión bicameral investigadora de la deuda pública desde la dictadura en adelante.
También aprobarán ese punto los legisladores del Frente Renovador y del PRO.
Por el socialismo, el jefe del bloque, Juan Carlos Zabalza, fundamentó el voto negativo y sostuvo que su partido "nunca estuvo a favor de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en el tema deuda".
En tanto, Carrió anticipó que no estará a la hora de votar, aunque explicó: "Tampoco quiero votar en contra porque la situación es extremadamente difícil y alguien tiene que preservarse para la Argentina que viene".
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