Entre Ríos: procurador declaró "ilegal" el acuerdo salarial con policías

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, anunció que apenas culmine la feria promoverá una denuncia contra las policías amotinados en diciembre que, consideró, firmaron con el gobernador Sergio Urribarri un acuerdo "nulo e ilegítimo", que fue "arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición".

Así lo confirmó al detallar que este argumento será usado en la denuncia penal que presentará en febrero, apenas culmine la feria judicial, para avanzar así en la investigación de los saqueos ocurridos durante el acuartelamiento policial en diciembre pasado en Concordia, que culminó con robos en los que, más tarde se comprobó, están involucrados efectivos de la propia fuerza entrerriana.

En ese marco, para el procurador, el acta firmada y la foto posterior de los negociadores junto al gobernador que circuló por los medios y las redes sociales "son la prueba de que se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición".

La denuncia del funcionario del STJ involucra a unos 70 policías, aunque la máxima responsabilidad recaerá en una docena de uniformados, quienes irán a juicio al ser considerados "cabecillas" de la protesta y de la posterior motorización de incidentes y robos.

Los agentes autoconvocados firmaron el acta-acuerdo tras aceptar la "oferta" del gobierno de Sergio Urribarri, que establece el sueldo básico en 8.500 pesos, aunque el procurador García dejó en claro que "que se trató de una exigencia extorsiva, cuyo propósito fue arrancar una medida mediante el uso de las armas, lo que irremediablemente la constituye en ilegítima". 

Para el funcionario judicial, el acta que fuera firmada el 9 de diciembre es nula, ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica.

"Ni bien salgamos de la feria judicial, se hará la denuncia penal. Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones", detalló en una entrevista concedida a El Diario de Paraná.

Agregó que la denuncia también alcanzará a los que "crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos", como por ejemplo, "efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados".

García consideró que "en las reuniones de trabajo vimos que algunos procederes se llevan puesto medio Código. El encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados".

Por el lado de los autores de los saqueos, señaló, detectaron los delitos de "robos calificados de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad".

Respecto a la investigación, indicó que son tres las líneas investigativas: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores.

"Con el Código nuevo todo esto será llevado a juicio oral: lo que antiguamente era la parte instructoria lo han estado llevando adelante los fiscales que aportarán en juicio las pruebas colectadas y en ese ámbito también se escuchará por primera vez a los implicados", explicó.
También dijo que "si bien el núcleo de la presentación está casi lista, el receso sirve para seguir incorporando pruebas fílmicas y datos testimoniales".

Por último, consideró que "el respeto por la norma debe ser un principio general y, quien la quebrante, debe hacerse cargo de la pena contemplada", y dejó en claro que el juicio oral "será la reconstrucción histórica de lo que no hubiéramos querido que pasara".