El Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto para impedir la venta de acciones de empresas en manos del Estado heredadas de las AFJP tras estatizar el sistema jubilatorio, y en forma expresa excluyó a YPF de los alcances de la iniciativa.
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El artículo 25 del proyecto aclara que la negociación de las acciones de YPF no estará sujeta a las mismas restricciones, porque esa compañía se rige por el proyecto de soberanía hidrocarburífera, por la cual se expropió la empresa.
El proyecto establece que la agencia reguladora de esas acciones será presidida por el jefe de la ANSeS y su directorio de cinco miembros tendrá mayoría del Poder Ejecutivo.
La tarea será administrar las participaciones accionarias que posee el Estado tras la estatización de las AFJP y las tenencias accionarias controladas por el Ministerio de Economía.
Para desprenderse de esas acciones, el Estado deberá pedir la autorización del Congreso, que sólo podrá otorgarla con una mayoría calificada de los dos tercios de los miembros de cada Cámara, las mismas condiciones que se exigen para habilitar la reforma de la Constitución Nacional.
El problema del Ejecutivo es que para aprobar esta iniciativa también requiere de los dos tercios, de lo cual carece, por lo que aparece improbable la aprobación.
Como señal del apuro oficial para avanzar con la iniciativa, para este martes ya se convocó a un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión de la Cámara alta, con presencia de funcionarios.
