Un grupo de cinco expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas firmaron este martes en Ginebra una declararon de apoyo a la creación de la Comisión parlamentaria que busca determinar "complicidades económicas" durante la última dictadura cívico militar.
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El oficialismo le dio dictamen este miércoles en el Senado al proyecto de ley que crea una comisión bicameral para investigar las complicidades económicas y financieras con la última dictadura miliar. La iniciativa fue presentada por el diputado nacional del oficialismo Héctor Recalde y aprobada por la Cámara baja, por lo que el oficialismo espera poder convertirla en ley en la sesión prevista para el 25 de noviembre.
En la Cámara baja el proyecto fue aprobado el 24 de septiembre por 170 votos a favor, pero fue rechazado por el PRO de Mauricio Macri y sus aliados con 14 abstenciones.
Si bien la Comisión no tiene atribuciones judiciales, podrá "instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación". El cuerpo legislativo es similar a la Conadep de 1983 y podrá aportar información relevante si un juez lo solicita.
En este marco, los especialistas y relatores especiales Pablo de Greiff, Juan Pablo Bohoslavsky, Juan E. Méndez, Virginia Dandan y Alfred de Zayas dejaron su resplado por escrito. "Es una oportunidad para expandir más el derecho a la verdad en relación con violaciones cometidas con la complicidad o participación activa del sector empresarial. A pesar de la relevancia de los factores económicos ya sea como incentivos o como condiciones propicias para violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, el papel de los actores económicos que contribuyeron, se beneficiaron o participaron directamente en crímenes internacionales sistemáticos es generalmente ignorado. Esta comisión ofrece una nueva perspectiva en los procesos de justicia transicional", sostuvieron, según reprodujo el diario Página 12.
Con el afán de "poner fin a la impunidad para los delitos de cuello blanco", los expertos de Naciones Unidas aseguraron que la Comisión busca "dar claridad sobre el papel de estos actores sería una importante contribución a la verdad, justicia, reparación y a la garantía de no repetición", ya que "la dimensión económica es crucial para entender por qué regímenes que han cometido violaciones graves de los derechos humanos surgen y cómo consolidan su poder".
En esa línea, recomendaron apelar a un trabajo legislativo sustentado en los más altos estándares de calidad y seriedad, para evitar cualquier riesgo de politización, y aconsejan manejarse con "la imparcialidad, el debido proceso, la transparencia y la participación" de "diferentes actores, incluidas las víctimas, la sociedad civil y los académicos" para recopilar datos.
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