El fiscal federal Carlos Rívolo rechazó y mandó al archivo a la denuncia presentada por un abogado kirchnerista contra los senadores que anticiparon que no votarán en el Congreso al juez de la Corte Suprema que reemplace al saliente Raúl Zaffaroni.
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"Son fundamentalmente cuestiones de índole éticas y políticas y, por ende, en extremo opinables", sostuvo en su dictamen Rívolo. La respuesta del fiscal llegó tras la presentación de una denuncia contra 29 legisladores opositores por el delito de sedición.
El constitucionalista Eduardo Barcesat acusó a los parlamentarios por el delito previsto y reprimido en el segundo párrafo del artículo 230 del Código Penal que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quienes "se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales".
Pero al analizar el planteo de Barcesat, el funcionario judicial consideró que esos senadores no se sublevaron a la Constitución al adelantar su opinión. Para Rívolo, la votación del nuevo magistrado "no es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, sino que surge de un mecanismo republicano y democrático y que tiene incluso una instancia de apertura a la ciudadanía para que se exprese".
La denuncia llegó tras la firma de un documento conjunto donde explicitaban la negativa a votar en la Cámara baja al sucesor de Zaffaroni, como prevé la ley que regula los nombramientos en el máximo tribunal. Los 29 acusados eran de la UCR, el Peronismo Federal, el PRO, el interbloque FAP-UNEN y Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando "Pino" Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli y "todo otro senador" que haya suscripto ese acuerdo, dice la presentación del abogado.
"Los abajo firmantes, senadores de la Nación comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial, suscribimos el presente instrumento comprometiéndonos a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso", sostiene el documento. Los opositores quieren que el nuevo justice lo proponga el próximo Presidente.
La desestimación de Rívolo ya está en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo del juzgado federal Nº 4. Será la magistrada quien definitivamente resuelva si hay delito o no.
